Cuando hablamos del Estado autonómico hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo deberían ordenarse las diferentes piezas que forman el modelo territorial? El Tribunal Constitucional (TC) la contesta estableciendo tres niveles competenciales diferentes: la soberanía nacional que reside en el pueblo español en su conjunto y del que emanan los poderes del Estado; la autonomía política de las comunidades autónomas, con capacidad de hacer leyes, y la autonomía administrativa de las entidades locales.
La prevalencia de la soberanía nacional no es incompatible con el principio de bilateralidad -refrendado también por el TC- entre el Estado y cada comunidad. De hecho, es el desarrollo de este principio el que configura, de facto, un modelo casi federal, igual para todas las comunidades, sin teóricos privilegios especiales para ninguna de ellas, por muchos movimientos independentistas que protagonicen. Otra cosa son los privilegios que en la práctica tienen algunas comunidades.
Si me permiten la figuración, el estado autonómico sería así como una rueda de bicicleta, en la que el eje -transmisor de la fuerza motriz- sería la soberanía nacional; la llanta -que pisa el suelo- el conjunto uniforme de las comunidades autónomas, y los radios -sin los cuales no se sostendría la rueda- las relaciones bilaterales.
Decía Ortega que «es preciso entender toda unidad nacional, no como una coexistencia interna, sino como un sistema dinámico, donde tan esencial es para su mantenimiento la fuerza central como la fuerza de dispersión». Así lo entendieron los constituyentes del 78, pero parecen haberlo olvidado los separatistas y centralistas de hoy, que de todo hay.
Si aceptamos el equilibrio entre soberanía, autonomía y bilateralidad, entenderemos por qué, el acuerdo bilateral económico-financiero que regula el artículo 108 de nuestro estatuto, no solo no supone ningún atentado contra la soberanía nacional, sino que es el camino para completar y asegurar un sistema de financiación, más justo, solidario y eficiente. En consecuencia, Aragón no debería renunciar nunca a la aplicación del artículo 108, ni siquiera en este tiempo tan borrascoso donde, entre catalanes y francos, corremos el riesgo de desorientarnos en el camino hacia lo que realmente interesa a los aragoneses.
En todo caso, es de justicia reconocer que las características especiales de Aragón, referidas al territorio -superficie, orografía, carácter fronterizo, despoblación, dispersión, desequilibrios internos- deberían ser tenidas en cuenta para determinar los criterios que deberían aplicarse al modelo de financiación autonómica. De esta forma, el artículo 108 del estatuto servirá para que, además de la población, se compute el territorio como variable a tener en consideración. No será fácil defender la posición de Aragón, pero es esta una materia en la que no podemos reblar. Con pesetas, chufletes.
Tres reflexiones serán suficientes para demostrar las dificultades que conlleva aprobar un sistema de financiación acorde con el modelo territorial de España.
Por supuesto, cuando hablo del modelo de financiación, no incluyo en su cuantificación los fondos europeos, cuyo reparto entre comunidades ha desestabilizado todavía más el sistema. La comparativa entre Valencia y Aragón es buena prueba de ello (léase Objetivo 1). Además, aún aceptando lo que tiene de privilegio, convendría repensar el concierto económico o sistema de cupo, al menos en su cuantía final. Y, por último, dejo apuntado que la Comunidad de Madrid, sede de la capital del Estado, requiere algunas consideraciones, porque no en vano en ella residen el Gobierno y las corporaciones financieras y empresariales más importantes, que en Madrid pagan sus impuestos, y se beneficia de un sistema radial de comunicaciones que, de paso, obliga a la administración del Estado a hacer fuertes aportaciones en infraestructuras -compárese los 6.000 millones de euros que costó la T-4 de Barajas con los 3.000 que costarán las obras hidráulicas del pacto del agua de Aragón, si algún día se termina-. En definitiva, el lector puede comprobar que son muchos los privilegios que desequilibran un modelo equitativo de financiación, lo que nos hace pensar que el acuerdo será casi imposible o vendrá impuesto, a modo de trágala, y donde los paganos seremos los de siempre. Ejerzamos, pues, la fama de testarudos. En Aragón, la terquedad es contra el abuso y la vulneración del derecho.
