Como en casi todos los conflictos entre humanos, sean laborales o no, las dos partes suelen tener razón, su parte de razón. También en el que enfrenta estos días a las compañías aseguradoras y los empresarios de las grúas. Y como en todas las guerras laborales sin excepción pagamos los usuarios en dinero, en paciencia o en lo que sea y como en todas las guerras laborales ninguna de las dos partes dice toda la verdad.

Llevamos varios días oyendo a unos y otros y uno se pregunta cómo es posible que unos nos vendan que les pagan por servicios alrededor de los 20 euros y los otros, que de media cada servicio les cuesta en torno a los 60 euros. Si profundizamos parece que no utilizan los mismos conceptos. Las grúas hablan de servicio y me da la impresión de que las compañías de asegurado. Y me explico. Si se me rompe el coche en mi casa o en la carretera de camino al trabajo, la grúa viene y se lleva el coche el taller. Eso es un servicio y el gruista cobrará por ello unos 20 euros. Pero, claro, si tengo la avería y el accidente por la noche, la cosa cambia. Viene la grúa, pero lo lleva a su cochera, obvio, porque está el taller cerrado. Esto supone que al día siguiente de nuevo tiene que hacer otro servicio para llevarlo a reparar. Este servicio ya no se valora en 20 euros. Y dicen las aseguradoras que las tres cuartas partes de los servicios son de éste tipo.

A favor de las aseguradoras está el hecho de que las tarifas se revisan cada año con subidas, dicen, superiores al IPC. Muchas compañías de hecho hacía pocos meses que habían cerrado, digamos, los convenios, por lo que no entienden a qué viene esta sublevación en pleno verano. Parece que el sector, al calor de la que han montado los del País Vasco, intentan sacar provecho a sabiendas de que se han pasado. Sé que muchos gruistas están bajo mano pidiendo a las compañías trabajo.

Estos señores se pondrán o no se pondrán de acuerdo, más pronto que tarde, pero mientras eso ocurre, los perjudicados, que han pagado religiosamente sus pólizas, están tirados como colillas, sin coche y con la amenaza de que si finalmente se les da a los gruistas lo que pidan, los 420 millones de euros anuales que cuesta nos lo harán pagar a los asegurados.

*Periodista