Una sentencia judicial está para cumplirse. Y al alcalde de Mallén, Antonio Asín, los tribunales le han inhabilitado durante siete años para ejercer el cargo que ostenta por prevaricación administrativa. Utilizar la mayoría de que dispone en el ayuntamiento, incluso el apoyo popular del que goza para transformar una información de la sentencia al pleno en un plebiscito sobre su figura no es de recibo. De hecho, no es la primera vez que afectados por casos de corrupción, en otros supuestos, reciben de nuevo el respaldo de las urnas. La inhabilitación pretende evitar esos hechos.
