El próximo martes, el Ayuntamiento de Fraga aprobará la habilitación de un crédito extraordinario de 200.000 euros para adaptar el pabellón de El Sotet de la localidad y que permita albergar en condiciones de forma provisional a parte de los trabajadores del campo que han acudido a esta localidad y a los municipios de la comarca para trabajar en la recolección de la fruta. Es encomiable el esfuerzo económico y el interés que ha mostrado este consistorio para atender una necesidad urgente, como es la de dar dignidad a cientos de temporeros, en su mayoría inmigrantes africanos, que acuden a trabajar durante estos intensos meses de campaña. Pero este asunto es de tal magnitud que no puede recaer exclusivamente en un municipio, que además no tiene competencias propias en un asunto que no solo es una cuestión de salud pública, sino que también lo es de atender a la dignidad humana.

Las duras condiciones de vida de estas personas, como se pudo apreciar en el reportaje publicado el pasado domingo en las páginas de EL PERIÓDICO, obliga a tomarse este asunto muy en serio. Se necesita su mano de obra en una zona que es la mayor potencia europea en fruta dulce de hueso. Pero se debe dotar de condiciones dignas a estas personas. Y más en unos momentos en el que los controles de la pandemia del coronavirus obligan a extremar todas las medidas de seguridad e higiene y a tener un control estricto de la movilidad de las personas y de los contactos que se mantienen. No es casualidad que los rebrotes de la pandemia que se estén dando son en aquellas poblaciones con grandes mataderos o zonas agrícolas extensas, donde tal vez las medidas de distanciamiento físico sean más difíciles de adoptar y no en todos los casos las condiciones laborales sean las mejores, a pesar del notable esfuerzo que realizan los propios agricultores para dar a sus trabajadores las mejores condiciones de empleo. Sin ir más lejos, esta semana el Bajo Cinca ha sido la zona de Aragón donde más casos se han dado (y no se puede olvidar la cercanía con Lérida, también zona que está en plena campaña de fruta y donde están todavía en una fase por detrás de Aragón), como en semanas anteriores los brotes se dieron en Binéfar, donde hay dos grandes mataderos.

Urge por tanto que el Gobierno de Aragón asuma sin más dilación sus competencias y colabore estrechamente con el Ayuntamiento de Fraga, como este le ha pedido, para ir de la mano y dotar de las mejores condiciones a estos trabajadores. También lo podía haber previsto el Ministerio de Agricultura cuando emitió un decreto para que las personas acudieran a trabajar al campo, pero no fijó sus condiciones y ayudar así a unos agricultores que no pueden asumir por sí solos la demandas que ahora se precisan.

Es una cuestión de salud pública, y también de dignidad. Como decía la propia alcaldesa de Fraga en este periódico hace unos días, toda esa zona lleva 30 años sin tener capacidad para resolver el alojamiento de los temporeros, cuya mano de obra es imprescindible durante estos meses. Pues hay que poner los recursos necesarios y ninguna administración puede mirar hacia otro lado.