El combate contra los malos tratos domésticos es el principal referente de la regeneración democrática que prometió el PSOE en las pasadas elecciones. La apuesta se ha traducido en un anteproyecto de ley en el que han intervenido siete ministerios. Eso refleja la complejidad y la dificultad de lo que se quiere abarcar.
Para que sea más efectiva la actuación judicial contra quienes acosan y maltratan a sus parejas se requieren cambios en el Código Penal. Pero también deben elevarse sustancialmente las partidas económicas destinadas a la protección policial y a la Administración de justicia, desde jueces y fiscales hasta los forenses que tratan directamente con las víctimas.
La voluntad real que hay tras esas reformas se acabará midiendo por el dinero público que se destine --hay que decir que los 80 millones de euros anunciados son poco-- y el nivel de dedicación que presten los funcionarios. Destacamos, de todos modos, que entre las novedades para prevenir las raíces de los maltratos figura una que nos parece de especial acierto: para que la lucha sea integral, la mentalización contra esas prácticas se inculcará explícitamente desde la educación básica en las escuelas.
