La muerte a cuchilladas de una mujer y de su hijo de 12 años en Alcobendas a manos del hombre que convivivía con ellos tiene todas las trazas de ser un nuevo caso de violencia machista. Los primeros meses de año están resultando aciagos para la vida y la libertad de las mujeres: son ya 22 las asesinadas, lo que va tejiendo una estadística mortal socialmente insoportable. Pero el fenómeno del machismo criminal está adquiriendo nuevos y más dramáticos tintes con el cada vez mayor número de muertes de los hijos de la mujer que se encuentran en el escenario del crimen y cuya vida es arrebatada sin consideración alguna junto a la de su madre. Con el de Alcobendas son ya cuatro los menores asesinados en el 2017. Esta es la cifra que se dio durante todo el 2014 y el 2015. En el 2016, solo hubo una muerte en estas circunstancias. Hasta ahora, lo usual era que el agresor asesinara a la mujer y que dejara con vida, aunque traumatizadas para siempre, a las criaturas. La lucha contra el terrorismo machista no admite más retórica. Además de recursos económicos y estrategias en el campo educativo, policial y judicial, resultan necesarias actuaciones inmediatas. Es en este sentido imprescindible la aceleración del pacto de Estado contra la violencia de género que se encuentra en estudio en una subcomisión del Congreso. Urge abreviar trámites y sacarlo adelante cuanto antes.

El escandaloso suceso del depósito submarino de gas Castor suma un nuevo capítulo con un informe del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts que aconseja no desmantelarlo por el riesgo de que aumenten los seísmos en la zona. Es un paso más de una historia que parece más fruto de una febril imaginación que del rigor exigible a un Estado moderno. Concebido para almacenar grandes cantidades de combustible y esquivar su encarecimiento súbito, las operaciones de llenado del almacén se suspendieron en el 2013 después de comprobarse su relación de causa-efecto con cerca de mil seísmos en el norte de Castellón y el sur de Tarragona. Si eso ya fue suficiente para el asombro de la ciudadanía por la frivolidad técnica con la que se afrontó el proyecto, luego vino el estupor al saberse que el Estado iba a indemnizar con 1.350 millones de euros a la empresa concesionaria. La sensación de estafa -legal, por supuesto- cundió entre los españoles, que pagarán durante 30 años esta indemnización mediante la factura del gas. Un auténtico escándalo que no ha costado la cabeza de ningún cargo público: el ministro que autorizó la compensación, José Manuel Soria, dejó el Gobierno tres años después, pero por eludir sus obligaciones fiscales. La decisión de no vaciar el Castor por el riesgo de nuevos movimientos sísmicos seguramente es la indicada técnicamente, pero reaviva el dolor de las heridas profundas.