La política educativa, ante el despegue de las aulas de dos años en los centros públicos, se enfrenta a una situación generadora de conflicto. Aunque la decisión se aplica desde 2016 en forma de proyecto piloto, en el próximo curso se espera que más de 20 centros públicos adopten estas aulas. Y los centros privados, que en la anterior etapa ya supuso el cierre de 32 de ellos y la pérdida de empleo de 350 personas, temen que el proceso vaya a más. Los privados no están en contra de la implantación pública, pero reclaman que se cuente con sus centros a la hora de planificar. La Administración debe ofertar sus aulas, pero también debería hacer partícipe al sector de un proceso que evite damnificados.
