Es evidente que el número de viviendas de protección oficial que salen al mercado en Zaragoza sigue estando muy por debajo de la demanda. Cuando catorce mil quinientas familias se disputan poco más de doscientos pisos y el proceso debe ser resuelto mediante sorteo, lo único claro es que las administraciones deben impulsar con toda su energía la construcción de más VPO.

El sorteo celebrado ayer en el Pabellón Príncipe Felipe fue además un acto confuso que se prolongó mucho más de lo razonable y durante el cual varios miles de solicitantes fueron situados en una situación de tensión innecesaria. La puesta en escena de estas adjudicaciones debería cambiar radicalmente, hacerse más rápida, más objetiva y más civilizada.

Tanto la DGA como el Ayuntamiento de la capital aragonesa han mostrado su interés por promover vivienda protegida (a la que el PP dio la espalda). Para hacerlo bien, ambas instituciones van a tener que crear una metodología adecuada y transparente, que respete la dignidad de los solicitantes y que al mismo tiempo evite cualquier tipo de abusos o corruptelas. Relanzar la VPO para que vuelva a ser la vivienda tipo es la única forma de controlar los precios inmobiliarios. Hágase pues con el mayor tino.