Los ausentes nunca tienen razón

Nadie puede acusar al colectivo profesional de no querer una ley de servicios y colegios profesionales, porque llevamos años denunciando que la actual es franquista, predemocrática, y que urge otra que responda a los problemas actuales. Lo que no nos gusta es este anteproyecto, porque se ha hurtado el debate previo con los afectados que hubiera permitido un texto más ajustado a las necesidades sociales y a la modernización de las profesiones, se basa en prejuicios injustificados frente a los colegios, revela un desconocimiento de estos y, en lugar de plantear soluciones, crea nuevos problemas con incoherencias y contradicciones que, de prosperar, afectarán a la eficacia de los servicios y colegios profesionales y a la calidad democrática.

Hemos dicho, y nadie lo negará tras nuestra activa participación en la preparación de las leyes ómnibus y paraguas, que aceptamos en general la regulación de los servicios profesionales. Unos servicios "que representan casi el 9% del PIB y el 6% del empleo total y que en los últimos trimestres están teniendo una evolución claramente alcista, con un crecimiento del 40%, lo que pone de manifiesto que en esta actividad la economía española es competitiva". Esta afirmación no es mía, sino del ministro de Economía al presentar la reforma. ¿Si funciona bien porque los proveedores de esos servicios lo hacen bien, en libre competencia, por qué un cambio radical sin contar con ellos, un cambio contra ellos? La reforma no es una exigencia de Europa: en los países de la Unión conviven sistemas muy diferentes y la legislación europea prima sobre nuestro derecho intraconstitucional pero no puede afectar al texto constitucional.

El anteproyecto tiene aspectos muy negativos que atentan contra la garantía institucional del artículo 36 de la Constitución. Introduce factores de división en algunas profesiones y entre profesiones, dando como resultado una quiebra de manifiesta ilegalidad, negativa e inaceptable. La mayor parte de los servicios que ofrecen los colegios son bienes de confianza para el ciudadano que afectan a sus derechos y a su seguridad jurídica. De ahí la necesidad de controlar que todo aquel que ejerce lo haga con las máximas garantías. El cambio que se pretende generará muchos problemas en la aplicación del régimen disciplinario de estos profesionales y limitará o dificultará el ejercicio de derechos de los ciudadanos. Garantizar ambas realidades es el sentido de los colegios.

El anteproyecto recoge un cúmulo desmesurado y desproporcionado de injerencias de la Administración en los colegios. Es admisible y lógico que la Administración competente y también la sociedad civil organizada puedan verificar cómo ejercen los colegios las funciones públicas encomendadas por el legislador. Pero cualquier extralimitación que no respete la configuración de estas entidades como corporaciones de derecho público, así reconocidas por la UE y por el Tribunal Constitucional, es de dudosa constitucionalidad. Ese "control de eficacia" que la ley plantea sobre los colegios va mucho más allá del control de legalidad. Es un sorprendente retorno al pasado antidemocrático e interfiere peligrosa y negativamente en una facultad imprescindible e irrenunciable de los colegios, el control deontológico de los profesionales.

La libre elección por los colegiados del colegio al que incorporarse supondrá un descontrol y una desvinculación de facto, y en el caso de los abogados afecta gravemente al servicio de asistencia jurídica gratuita, basado en las inexcusables garantías de urgencia, proximidad e inmediatez del abogado. Un disparate y un serio peligro que pagarán los ciudadanos.

Apostamos por la transparencia, pero no aceptamos la sumisión. Somos parte del modelo democrático. Ayudamos a tomar decisiones. Ofrecemos nuestra colaboración leal para mejorar una ley que, aun con aspectos positivos, no respeta las peculiaridades propias del régimen jurídico colegial, no ofrece soluciones reales y crea problemas innecesarios. Pedimos diálogo franco, porque tenemos el derecho y la obligación de aportar nuestro conocimiento a la redacción de leyes que nos afectan profesionalmente y afectan a los derechos de los ciudadanos. Pero, sobre todo, porque podemos ayudar a mejorarlas. Alguien dijo que los ausentes nunca tienen la razón porque nadie les ha escuchado. No queremos estar ausentes en este proyecto. No aceptamos que por no gritar --de momento-- nos declaren ausentes.

Presidente de Unión Profesional y del

Consejo General de la Abogacía Española.