España es el segundo fabricante europeo de coches; de su industria dependen aparte de numerosos puestos de trabajo en todo el país, un sinfín de empresas auxiliares, pero también miles de concesionarios que llevan más de dos meses sin hacer ningún euro en caja. El sector en Europa de está moviendo y a la crisis de la pandemia mundial se une toda la revolución del coche eléctrico a la que ninguna marca es ajena ya. Por eso es necesario que el Gobierno español reaccione bien, sin perder más tiempo, y sea generoso. Lo que estamos viendo en Barcelona con Nissan, que traslada su producción fuera de España, podría llegar a ser una tónica general de otros fabricantes en el país, si el sector sigue tan desamparado. Y Aragón es una pieza clave. La factoría que PSA tiene en Figueruelas, una de las más productivas de Europa, puede estar en el punto de mira si se deja pasar mucho tiempo y se actúa tarde.

De momento, España ostenta el triste mérito de ser el único gran fabricante europeo de automóviles que no tiene aún ayudas sustanciales para el sector. Francia y Alemania ya han tomado la delantera y han anunciado unas ayudas de 8.000 y 2.500 millones de euros, respectivamente. Nuestro país las va a tener, según reconoció ayer en una videoconferencia organizada por Mobility City, Raúl Blanco, secretario general del Ministerio de Industria, pero ni se sabe cuándo ni tampoco cuánto. Y lo que es peor, lo que se ha filtrado es que serán unos 400 millones de euros, con lo que todo apunta a que será más una iniciativa que busca estimular la compra de coches, es decir, no serán destinados los apoyos económicos a las fábricas, a diferencia de lo que ocurre en Francia y Alemania. Los concecionarios lo necesitan, si, porque si no se vende no se fabrica, pero hace falta algo más. Es necesario que el Gobierno español impulse ya un plan estratégico de país de todo el sector de la automoción y no puede esperar a ver cuánto dinero va a recibir España de la Unión Europea. Ayer, en dicha videoconferencia, la propia consejería de Industria del Gobierno aragonés, el clúster de la automoción, los concesionarios y los sindicatos reclamaron al Ejecutivo celeridad, habilidad y destreza.

Tiene que tener muy claro el Ministerio de Industria que España es muy vulnerable en esta actividad porque en el territorio nacional no se ubican las sedes centrales de las marcas. Esto significa que la falta de apoyo abona las deslocalizaciones y ya estamos viendo con Nissan que no existe ningún remilgo en tomar este tipo de decisiones. Es más, el compromiso de Francia a inyectar esos 8.000 millones es básicamente para aliviar las dificultades de sus dos gigantes bajo la premisa de que Renault y PSA fabriquen sus vehículos eléctricos y de baja contaminación en las plantas de su territorio, lo que supondría una relocalización de esta industria y no sería descabellado que afectara a las factorías que estos grupos tienen en otros países entre ellos la de Aragón. Si Renault y Nissan redefinen su alianza, otros también lo pueden querer hacer. El Ejecutivo central tiene que evitar que esta debilidad se acreciente y no es momento de dudas sino de decisiones que pueden llegar a ser determinantes.