Aragón debería defender, cuidar con mimo y desarrollar con más energía, dos ideas imprescindibles para su existencia y su futuro: el autogobierno y su hijuela, un modelo territorial propio.

Algunos estamos hartos de comprobar cómo la «cuestión catalana» está emponzoñando y desprestigiando el modelo de descentralización política más importante de Europa, desde 1945. Siendo Aragón, la comunidad que más perdería con la vuelta al centralismo que pregonan algunos descastados, fruto de la ignorancia y de la irresponsabilidad. Si así fuera, Aragón acabaría siendo un extenso territorio, con una gran capital, rodeada de un desierto despoblado. Desconozco hasta qué punto esta opinión tan negativa sobre el Estado de las autonomías, está calando en España, pero recuerden lo que dijo uno de los mejores políticos demócratas de la historia: «No hay opinión mayoritaria que pueda curar el cáncer».

Y el cáncer que padece Aragón es la despoblación, sobre la que ya apunté algunas ideas en el artículo titulado Aragón vaciado, del pasado 15 de septiembre.

En Aragón, la despoblación ha sido una realidad desde tiempo inmemorial. Hoy, la hemos convertido en una «cuestión de Estado» que no acertamos a resolver. No conozco ningún problema importante que haya movido tantas pasiones, hecho emerger tantas y tan dispares soluciones, -muchas opuestas entre si y la mayoría ineficaces- y movilizado a tantas instituciones, administraciones, políticos y particulares comprometidos, sin conocer el camino que deberían seguir. Como perdidos en la tormenta.

No tengo duda de que Javier Allúe, que todo lo que sabe lo aprendió en el PAR, estará a la altura de su función como Comisionado para la Lucha contra la Despoblación. En el confío.

Cualquier político que se precie, si no está sometido a intereses espurios sabe que, en un territorio como Aragón, de gran superficie, baja densidad demográfica y alto número de municipios, es necesario considerar seriamente la aplicación de un modelo territorial nuevo que solvente los problemas de desvertebración que lastran a Aragón. Un país con municipios como Zaragoza, con más de 670.000 habitantes y 1.000 km2 cuadrados de superficie, hasta Bagüés con 12 habitantes y Maleján con una superficie de 0,08 km2 , es una forma de locura difícil de digerir.

Estoy seguro de que, a muchos de mis amables lectores, y más si son de pueblo, se les habrán ocurrido ideas para superar el escollo de la despoblación. Con ellas podríamos elaborar un amplio catálogo de soluciones que serían útiles para visualizar mejor el problema y crear esperanzas difíciles de cumplir, pero que nunca resolverían el fondo de la cuestión. Sería conveniente que los responsables de las políticas contra la despoblación, bajasen el balón al suelo y con pases cortos y, en ocasiones largos, avanzaran hacia la portería contraria, siempre y cuando tengan claro en qué campo se está jugando el partido.

La lucha contra la despoblación tiene mucho que ver con la ordenación territorial, un término que surgió en el seno de la ONU en los años 50 del pasado siglo, para designar «la integración armónica de las planificaciones de tipo físico, social y económico con el fin de lograr el máximo bienestar de la población». Definición teórica fácil de comprender -en la que se encuadra la despoblación- pero difícil de desarrollar si no se cuenta con la organización adecuada. Y miren por dónde, desde la aprobación de su Estatuto, Aragón tiene competencias exclusivas en esta materia. Competencias que no siempre se han ejercido en plenitud, como consecuencia de colisiones entre el interés general de Aragón y el del Estado y la falta de coordinación entre las diferentes administraciones que operan en Aragón. A estas últimas voy a referirme para ir terminando esta primera parte.

La organización territorial es el conjunto de instituciones, entidades y administraciones públicas con competencias en la materia de ordenación territorial. Así, el Aragón administrativo lo forman los siguientes «órganos»: El gobierno de Aragón en su conjunto y cada uno de sus departamentos; las Cortes; las tres diputaciones provinciales; los 731 ayuntamientos y las mancomunidades que todavía operan en el territorio; los efectivos de la administración periférica del Estado; la propia administración central que suele tener tendencia a intervenir, casi siempre tarde, y otros organismos tan importantes como las confederaciones hidrográficas. En definitiva, más de 800 administraciones y cientos de «cabezas» que piensan y cavilan sobre cómo debe ordenarse el territorio, según sus legítimos y variados intereses. Y todo en pro del bienestar de 1.300.000 habitantes, de los cuales casi 700.000 viven en 1.000 km2, el 2,12% del territorio. Supongo, por tanto, que algo habrá que hacer para que de esta especie de baúl de la abuela saquemos algo que nos resulte útil para enfrentarnos a la despoblación. Continuará.