El proyecto de ley de abdicación del rey Juan Carlos de la Jefatura del Estado pasó ayer el trámite del Congreso con una votación tan contundente (299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones) como variadas fueron las posiciones expuestas en el debate. El relevo en la Monarquía, pues, avanza según lo previsto por la ley, y la amplitud del apoyo refuerza la legitimidad de la transmisión de la Corona a Felipe VI. Como recordó oportunamente el aún secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ayer el Congreso no votó la sucesión de Juan Carlos I por Felipe VI, porque eso ya estaba previsto por la Constitución, sino simplemente la aceptación de la abdicación del primero. Pero aun con este perfil técnico del pleno, fue no solo inevitable sino también conveniente que los grupos parlamentarios expusieran sus criterios sobre una cuestión que históricamente ha generado en España grandes pasiones como es la forma del Estado. Que en la Cámara se escuchasen encendidos ditirambos pero también duras críticas al Rey es un indicador tanto del peso de la historia en España como del nivel de libertad de expresión y de la progresiva caída de tabús.
El resultado de la votación, en todo caso, no está muy alejado de lo que, a tenor de las encuestas, piensa la sociedad española acerca de la monarquía y la república. Es comprensible que quienes defienden legítimamente la alternativa republicana crean que ahora sería el momento de someter a consulta de los españoles qué forma de Estado quieren, pero no es sacralizar la Constitución recordar que eso ya fue sustanciado en 1978 mediante el referendo de la Carta Magna. Plantear seriamente ahora en España un referendo sobre monarquía o república significaría introducir un elemento de distorsión que entrañaría muchos más riesgos que certidumbres. La disyuntiva en la que se mueven hoy los ciudadanos no es la de si en el vértice del Estado debe haber un rey o un presidente, sino la de tener o no una democracia de calidad y una economía que permita mirar con optimismo el futuro. Naturalmente, esto no evitará a Felipe VI tener que ratificar con su actuación en el día a día del reinado la legitimidad dinástica, constitucional y política con la que accederá al trono. Ser un rey del siglo XXI es un reto para el que lleva muchos años preparándose y que ahora afronta con todas las miradas puestas en él.
