En la actualidad la exclusión residencial aparece como un fenómeno estrechamente relacionado con procesos de exclusión social, dado que la vivienda constituye una necesidad de primer orden que cumple funciones de integración, desarrollo y socialización.

Las características de la vivienda en España han generado la inaccesibilidad a la misma para un porcentaje importante de población, consecuencia en gran medida de la fuerte especulación que se ha producido en la venta del suelo en los últimos años.

Tras la parálisis del anterior Gobierno del Estado en estos últimos años, el Gobierno del PSOE ha entendido que era urgente intervenir en dicha materia. De ahí que presentara este verano el Plan de Choque de Vivienda, obligado en buena medida por la demanda permanentemente desde las organizaciones sindicales y sociales, y por las continuas propuestas que se realizaron en campaña electoral.

Este plan de choque debería repercutir de una manera muy clara en disminuir el nivel de endeudamiento de un gran número de trabajadores, que hasta ahora tenía que hacer un esfuerzo salarial excesivo para disponer de un bien de primera necesidad como es la vivienda.

Sin embargo, este real decreto que regulará las medidas más urgentes del citado plan de choque no va acompañado de una memoria económica, lo que puede generar unas expectativas en los ciudadanos que podrían no cumplirse si no tienen el correspondiente reflejo en los Presupuestos del Estado que se acaban de presentar.

Por otra parte, se aprecia cierta deriva a propiciar más ayudas a los propietarios que a las personas que necesitan vivienda, al limitarse a dos años la ayuda a los inquilinos en alquiler y no establecer en paridad un número tope de viviendas para que los propietarios las pongan en el mercado. Además, se establecen excesivos criterios de acceso a la ayuda para los inquilinos, lo que limitará seriamente el alcance de la medida.

Sirva como ejemplo el bajo nivel de renta que se ha de tener --15.792 euros anuales computándose los ingresos de todos los ocupantes de la vivienda--, según los requisitos, cuando el gasto medio de un hogar joven se sitúa en torno a los 20.487 euros, según los datos del Observatorio Joven de Vivienda.

AL MISMO TIEMPO, el establecer una limitación de edad para poder acceder a las ayudas al inquilino en lugar de utilizar un criterio de renta, excluye a otros colectivos que junto con los jóvenes padecen la peor cara del mercado de trabajo o que tienen rentas bajas, como son las mujeres, inmigrantes o pensionistas, para los que podría ser necesaria esta ayuda.

Respecto a las ayudas a los propietarios, no se establece ninguna limitación acerca del número de viviendas que pueden acogerse a la ayuda de 6.000 euros para reformas y contratación de seguros, bastando con acreditar dichas reformas con la presentación de una factura. Además, se permite que aquellas empresas que compren vivienda para alquilar puedan acceder a ayudas que antes estaban limitadas exclusivamente a las organizaciones sin ánimo de lucro.

Hay que recordar que en España existen más de tres millones de viviendas vacías --más de 30.000 sólo en la ciudad de Zaragoza--, de las que el 80% se encuentran en perfectas condiciones de habitabilidad. Por lo tanto, la rehabilitación de las mismas no es el impedimento principal para su incorporación al mercado del alquiler. Si los propietarios no se deciden a alquilarlas por los hipotéticos riesgos de deterioro o impago de sus inquilinos, estas ayudas deberían ir dirigidas a crear un marco de seguridad jurídica para los propietarios, al tiempo que dispondrían de una demanda solvente y más amplia que la actual.

ENTRE LAS medidas más positivas cabe destacar la creación de una agencia pública de alquiler, si bien no conocemos todavía cuáles serán sus funciones y contenidos. Además, no ha tenido reflejo en los presupuestos generales del Estado.

Por último, no podemos dejar al margen el que no se haya abordado algunas de las verdaderas causas del incremento del precio de la vivienda como es el precio del suelo. Desde CCOO seguiremos defendiendo el reconocimiento de la vivienda como factor de inclusión social, y su plasmación en políticas de vivienda que primen los principios sociales.

*Secretaria de Política Social y Juventud de CCOO-Aragón