El Gobierno central aprobó este viernes un paquete de medidas para resarcir a los damnificados por las últimas inundaciones habidas en Aragón. Tan rápida reacción se produce después de que surgieran algunas dudas al respecto e incluye exenciones fiscales y de las cuotas de la Seguridad Social, ayudas excepcionales y préstamos preferenciales. En casi todos los casos se han incrementado los topes de las cantidades a recibir por los afectados o de los créditos que podrán solicitar. A ello se añadirá posteriormente las subvenciones que determine el propio Gobierno aragonés.
En este caso las administraciones sí que se han tomado el problema en serio. Otra cuestión es que los procedimientos para recibir las ayudas sean lo suficientemente ágiles. Porque, siendo cierto que no pueden librarse pagos sin certificar previamente los daños, no es menos verdad que a veces estos procedimientos se alargan en exceso por pura inercia burocrática. En tal sentido, ésta sería una muy buena ocasión para repasar los protocolos que suelen aplicarse a la hora de paliar las consecuencias de las catástrofes naturales. Evitar exageraciones en la evaluación de las pérdidas no puede estar reñido con el hecho de que las ayudas lleguen en un plazo razonable.
