El pulso entre las instituciones del Estado y las de la Generalitat a cuenta del referéndum del 1-O se disputa ahora en el terreno del tercer escalón administrativo: los municipios. Después de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresident, Oriol Junqueras, pidieran por carta a los alcaldes catalanes que cedieran espacios municipales para convertirlos en puntos de votación el 1-O, ayer el Gobierno central recordó a los municipios que deben «cumplir la ley», algo que también se puso de manifiesto en la reunión intermunicipal celebrada por los populares en Zaragoza. Más de la mitad de municipios de Cataluña han confirmado que cederán espacios para la consulta, pero las ciudades más pobladas o bien se niegan o bien no acaban de pronunciarse. A nadie se le escapa que la decisión de los ayuntamientos es crucial, ya que son una parte fundamental de la logística de una convocatoria electoral. En caso de que desoigan al TC y colaboren en la organización del referéndum, los funcionarios se exponen a consecuencias legales. Por eso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dice que no quiere poner en riesgo a los funcionarios ni a la institución.
La desobediencia no es un concepto teórico del mundo antisistema, sino una realidad con consecuencias legales. Por eso, los ayuntamientos no deben contribuir a la situación de excepción y deben permanecer dentro de la ley. Es su deber.
