El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el último Gobierno de Aznar, Jorge Dezcallar, compareció ayer ante la comisión del 11-M. Su testimonio, y lo que calló por imperativo legal, dice mucho sobre cómo el expresidente del Gobierno utilizó al CNI como pantalla para esquivar sus propias responsabilidades políticas, a riesgo de desprestigiarlo y de poner en peligro sus fuentes de información.
Primero el Gobierno del PP no sacó las conclusiones obvias de las advertencias del servicio de espionaje sobre el terrorismo islamista radical. Después, lo tuvo al margen de las investigaciones del 11-M varios días. Pero luego, el 18 de marzo, y ahora en la comisión de investigación, el PP desclasificó o filtró informes con las siglas del CNI que ayudaban a sostener que el Gobierno no mintió al atribuir empecinadamente el atentado a ETA.
Pero ahora, gracias a la comisión, está confirmado que el Ejecutivo del PP se resistió a difundir la hipótesis islamista que los expertos empezaron a deducir el mismo 11-M. Aznar, además, debe aclarar si conserva ilegalmente informes del CNI, tal como ha afirmado, y en ese caso devolverlos. Porque debía destruirlos y tenía prohibido copiarlos.
