El estudio sobre las "cuentas públicas territorializadas" presentado esta semana por el Gobierno, las conocidas como balanzas fiscales, no llega en buen momento aunque la transparencia siempre debe ser bienvenida. Se trata del cálculo de la relación entre lo que pagan los ciudadanos al Estado y lo que reciben en forma de gasto o inversión en sus territorios. El debate ha sido siempre polémico pero hay que destacar que se ha dado un primer paso, ya que ahora tenemos una serie de datos que han de permitir a los expertos un debate sereno. Hasta ahora, la publicación de las balanzas era casi un tabú, y solo con mucha insistencia se logró que las calculara el Gobierno en el 2008, con Pedro Solbes. Desde entonces, lo que tenía que haber sido una práctica normal ha devenido otra vez en secreto de Estado. Lo que es evidente es que hay que avanzar hacia un modelo más sostenible --en el que contribuyan más Euskadi y Navarra--, donde los servicios públicos estén garantizados por igual en toda España. Pero el debate nunca debe enfrentar a las comunidades autónomas, sino al Estado con estas.