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Editorial

Banalizar la financiación autonómica

 

10/08/2019

Más de tres meses después de las elecciones, el candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, ha mantenido lo más parecido a una negociación programática en su reunión con Compromís, el partido valenciano que se plantea darle un sí en el caso de que vuelva a presentarse tras esta nueva ronda de contactos. Oltra y Baldoví, con la complicidad del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, le arrancaron al candidato la promesa de reformar el sistema de financiación autonómica en el primer año de la legislatura.

No es la primera vez que se pacta con el dinero de las autonomías de por medio. Y casi nunca se ha cumplido lo pactado. Para algunos, este tema forma parte de la agenda territorial, pero en realidad es el núcleo de la agenda social. Sanidad, educación y dependencia son competencias gestionadas por las comunidades autónomas. Su financiación ya venía históricamente diezmada porque las sucesivas reformas se basaron siempre en aumentar los recursos a repartir y no en buscar los criterios más equitativos para hacerlo.

La última reforma, hecha en tiempos de Rodríguez Zapatero, construyó un complejo sistema de criterios y compensaciones que no ha hecho otra cosa que agravar el problema fundacional de la financiación autonómica en España, como es la pérdida de posiciones en el acceso a los recursos públicos disponibles por parte de las autonomías que acumulan las rentas y los precios más altos. La Comunidad Valenciana pierde posiciones en ese ránking como lo hacen también Cataluña y las islas Baleares. Solventar ese problema es, posiblemente, un reto para la unidad de España igual o más grande del que lo puede haber sido el desafío independentista.

La situación de las finanzas autonómicas --y otro tanto pasa con las municipales-- es, además, especialmente lacerante desde la crisis de las cuentas públicas del año 2011, cuando los gobiernos de Rajoy utilizaron el parapeto de las autonomías y de los municipios para hacer uno de los mayores recortes sociales de la Europa contemporánea, con la complicidad de sus actuales adversarios irreconciliables como es la antigua CiU.

De aquel hachazo todavía se resienten hoy la sanidad, la educación y los servicios públicos. Y repercuten en la vida cotidiana de esos niños que sufren pobreza infantil, esos mayores que mueren antes de recibir las ayudas de la dependencia o esos parados de larga duración sin subsidio.