Poco después de que el señor Durao Barroso cuestionara la supervisión desempeñada por el Banco de España durante los años en que se ha cocinado la crisis, se expresó el señor Botín alabando las bondades del ilustre organismo nacional: la culpa es de las cajas de ahorros y su modelo de gestión y no del Banco de España, que se había anticipado con diversas medidas que las cajas no supieron implementar. La culpa no es de Bruselas ni del FMI, decía Barroso, es del Banco de España. No, no es del Banco de España, es de las cajas de ahorros, dijo después Botín. Si seguimos el descenso llegaremos, cómo no, a culpar al ciudadano que pasaba por la calle.

Dejemos de momento a Bruselas, al FMI y al sistema financiero internacional en su conjunto. Y detengámonos en el Banco de España. Sin cuestionar las afirmaciones del señor Botín sobre la precocidad previsora --poco efectiva, por cierto-- del banco que supervisa nuestro sistema crediticio, sería interesante que el banquero, más y mejor informado que el ciudadano de a pie, solventase la duda que a mí me asalta en relación con un sector de actividad que, casualmente, también se encuentra en la órbita de supervisión del Banco de España.

ME REFIERO a las entidades y servicios de tasación de inmuebles. Se dedicaron, durante muchos años y hasta que se frenó casi en seco la concesión de préstamos hipotecarios, a decidir cuánto debía valer cada inmueble para poder cubrir el importe del préstamo hipotecario concedido. Confiaron, sin vacilaciones, en el aumento exponencial de los precios de la venta de inmuebles y olvidaron que su función no era servir de tapadera a créditos y préstamos por importe superior al valor del bien hipotecado para así aparentar solvencia en las emisiones de bonos, cédulas y participaciones hipotecarias en el mercado secundario, sino actuar en todo caso conforme al principio de diligencia que rige el desempeño de cualquier actividad profesional y, especialmente a partir del 2003, ajustándose a la "prudencia" valorativa que claramente se les impuso como principio rector de su actividad en la orden ECO/ 805/2003. Qué casualidad que el órgano supervisor del cumplimiento de las normas aplicables para elaborar tasaciones realizadas por esas entidades y servicios de tasación sea, desde que aparecieron y claramente desde el real decreto que las homologó en 1997, el Banco de España.

Desvelados ya los chiringuitos hipotecarios, las tasaciones de conveniencia y las extendidas prácticas de "¿qué valor de tasación quiere que le ponga?", deberíamos acercarnos al Banco de España para preguntarle dónde estaba supervisando cuando se valoraban los inmuebles utilizando, más allá de la aparente corrección formal de los informes de tasación, las depuradas técnicas del cuento de la lechera.

En ese terreno todo se torna resbaladizo. Si todo el país sabía que las tasaciones inmobiliarias se apañaban, con más o menos gracia pero con una más que intensa frecuencia, ¿dónde estaba la auténtica supervisión del Banco de España? Desde luego, no cabe alegar que los rumores callejeros no eran creíbles, pero es que ni siquiera haría falta recurrir a ellos.

Si tenemos en cuenta que las normas de tasación de inmuebles anteriores al 2003 no incluían el principio de prudencia valorativa que apareció entonces, podemos suponer que ya en aquel momento algo debía barruntarse desde los organismos oficiales, incluido el Banco de España. Aparece, en esa misma orden del 2003, el concepto de valor hipotecario de los inmuebles (como valor sostenible en el tiempo), a diferencia del valor de mercado (como valor en un momento del tiempo). Otra señal de alarma que permite ahora afirmar que lo que venía era más que predecible.

A BUEN SEGURO que la respuesta a esas preguntas será que en los impecables archivos del Banco de España pueden consultarse todo tipo de informes de seguimiento, control, verificación y reverificación que demuestran la incesante actividad de vigilancia realizada por el banco. Y seguramente existen montañas de informes plagados de datos que servían para cubrir el expediente formal de supervisión, sin que quepa, por tanto, que asome ni un ápice de responsabilidad aparentemente exigible.

En ese contexto, creo, se justifican también las afirmaciones del señor Botín sobre la impecable actuación del Banco de España. Nada que formalmente vulnere la legalidad y, por tanto, nada criticable. Otra cosa es, sin embargo, la responsabilidad política y ética de la institución y sus directivos, a la que parece se refieren más bien las observaciones de Barroso. En esa dimensión ética, que es la que nos queda como premio de consolación, me temo, toda la cúpula del Banco de España debería estar ahora mismo entonando el mea culpa.

Profesora de la Facultad de Derecho de Esade.