Tras la semana vivida en Aragón, me vienen a la cabeza esos trabajadores que después de una larga vida laboral cuentan las horas para iniciar su ansiada despedida del tajo. No tienen 65 años y 10 meses como es lo preceptivo ahora (serán 67 años en el 2027). ¡Qué va! Algunos tienen 60 años, pero los hay con 58 y hasta con 55. Les aguarda entre el 65% y el 85% de su salario, dos años de prestación por desempleo, una indemnización y un merecido descanso para, por ejemplo, jugar al pádel, viajar o cuidar a los nietos.

Mientras eso ocurre, la otra cara de la moneda descubre la imagen de un joven con ganas de comerse el mundo. Ha entrado en un proceso de selección y acaba de recibir la llamada que le permitirá trabajar en un puesto que nada tiene que ver con lo que estudió pero, oye, no está la cosa como para ponerse exquisitos. Y con suerte cobrará mil euros netos. Todo un lujo en estos tiempos que corren.

Estas dos realidades tienen un común denominador: la nueva realidad parece satisfacer tanto el prejubilado como el recién contratado. El primero estaba cansado de décadas de trabajo y el segundo llevaba ya varios meses o años de curro en curro (eso con suerte) o fichando en el paro. La historia de estos dos protagonistas imaginarios es el espejo en el que se miran cientos de aragoneses después de una convulsa semana para el mercado laboral en la comunidad.

El pasado lunes Opel/PSA anunciaba la salida de los 461 trabajadores con más edad (a partir de 61 años) para elevar su competitividad y reducir costes estructurales. La noticia, avanzada por este diario, persigue además rejuvenecer la plantilla. Así, en el caso de que fuese necesario, se contrataría personal temporal para acometer un año de mucho trabajo por el lanzamiento del nuevo Corsa temporales.

Turbulencias en la banca

Apenas unas horas después, Ibercaja ponía sobre la mesa un ajuste laboral de 550 trabajadores y el cierre de 160 oficinas en toda España. No habrá salidas traumáticas porque la mayor parte de los que dejen la entidad lo harán voluntariamente y tendrán más de ¿57, 58, 55 años? Veremos. En definitiva, el banco aragonés amortizará medio millar de empleos para afrontar un escenario de bajos tipos de interés, el imparable proceso de digitalización de la banca y márgenes en claro retroceso.

Opel e Ibercaja reducirán, por tanto, sus plantillas en 1.100 personas, lo que supone un duro golpe para el mercado laboral aunque los afectados estén deseando que llegue el día del adiós. Y mientras esto ocurría, la dirección y el comité de Schindler trataban de maquillar una crisis industrial en toda regla. La solución: recolocaciones y prejubilaciones a partir de los 55 años.

La aplicación de estos ajustes laborales son un buen termómetro para calibrar los profundos desequilibrios de un mercado de trabajo que entrará en el quirófano en los próximos meses con la nueva reforma que planea el Gobierno. Y además subrayan la profunda brecha que se abre entre los que se van y los que llegan; entre quienes preconizan un alargamiento de la edad laboral hasta los 67 años y al mismo tiempo permiten barra libre de prejubilaciones; y entre los que denuncian la elevada temporalidad pero ven con buenos ojos sustituir jugosas nóminas por contratos de mileurista. Las prejubilaciones del sector financiero en el último año -solo el Santander y La Caixa suman 5.200-- se traducirán en pensiones con cuantías mucho mayores que los sueldos de quienes comienzan a dar sus primeros pasos en el mercado laboral.

Un retiro temprano

En el 2018, más del 43% de las jubilaciones del Estado fueron anticipadas y la edad efectiva de retiro se situó en los 63,4 años, es decir, entre las más bajas de la Unión Europea. Mientras tanto, el gasto en pensiones crecía el 6,1% en el 2019 hasta alcanzar los 135.000 millones al año. Esta astronómica cantidad debería costearse por el resto de cotizantes, entre los que figuran jóvenes que son carne de cañón para abaratar drásticamente los gastos estructurales de las compañías.

Y todo ello a pesar de que desde el 2011, a raíz de la denominada enmienda Telefónica, son las empresas las que sufragan una buena parte del gasto de estos retiros (en algunos casos son dorados). Zapatero, entonces presidente del Gobierno, decidió cambiar la legislación para que compañías con pingües beneficios asumiesen el coste de prejubilar a miles de trabajadores de poco más de 50 años. Fue la reacción del Ejecutivo después de que la operadora plantease 6.500 jubilaciones anticipadas tras anunciar 10.000 millones de beneficios. Rajoy endureció la normativa y más tarde se introdujo la obligación de tributar a partir de los 180.000 euros a los indemnizados por despido.

A pesar de todo ello, la hucha de las pensiones hace aguas. Porque las aportaciones de los jóvenes vinculadas a sus salarios son mucho más bajas que antaño. Porque el gasto para costear los nuevos retiros se ha disparado. Y porque nadie sabe cuándo, cómo y dónde meter mano para que esto no se vaya más de madre. Si no se ha ido ya.