Qué mal síntoma es que un gobierno democrático se vea obligado, como acaba de hacer el aragonés, a vender como un avance la presentación de una ley de transparencia sobre la gestión pública. Pero, ¿no iba de suyo?, ¿no eran conceptos indisociables? Se trata, claro, de preguntas retóricas. Ya se sabe que no. Pero sea por la proximidad de elecciones varias o por una bienintencionada voluntad, la DGA apuesta ahora por que los ciudadanos podamos conocer mejor cómo se gasta el dinero de todos y a qué se dedican los impuestos que pagamos. A esta corriente por solemnizar lo que debería resultar obvio, se suma también el intento de la Moncloa, encabezado por Soraya Sáenz de Santamaría, por pactar con todos los grupos políticos nuevas medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Como si, con el valor a los soldados, a los administradores públicos no se les supusieran estas cosas. Aquí en casa, el plan del Ejecutivo autonómico llega tarde para arrojar luz, por ejemplo, sobre el caso Plaza. Tendrá que ser ya un juez quien resuelva ese lío por el que, de momento, nadie sabe nada respecto a ese desfase de solo 17,8 millones de euros. Pero sí, celebremos estas iniciativas y también que esta semana el Gobierno de Aragón presentara el anteproyecto de ley sobre la transparencia de lo público. Y ya que estamos, aplaudamos desde las redacciones que el portavoz, Roberto Bermúdez de Castro, apelara para ello al "rigor, la veracidad y la objetividad". Como en la mismísima BBC, oye. Periodista