La habitual tensión que viven los partidos en los momentos previos a la elaboración de las listas electorales ha llegado esta semana a su máxima expresión en el PSOE de Zaragoza. Nada que ver con otras etapas felizmente superadas por la militancia socialista y que enturbiaron la vida pública de la comunidad en la tormentosa década de los 90, pero la existencia de cierta crispación es innegable aunque no se haya planteado públicamente por los actuales líderes del partido. Uno de los principales instigadores de esta pelea interna ha sido el alcalde de la capital, Juan Alberto Belloch, que se ha quedado, por decirlo sin tapujos, al margen de la pomada y sin poder colocar en las listas a sus elegidos. Desplazado por su debilidad orgánica y pésimamente asesorado por algunos de sus allegados, el alcalde ha aprovechado las prerrogativas que, supone él, le da la nueva Ley de Grandes Ciudades para responder al partido con una afrenta a modo de fichaje estrella.
En amplios sectores del PSOE se interpreta el ir por libre de Belloch con esta ley por su nulo ascendente en la elaboración de las listas electorales y en concreto por la decisión del aparato de investir al secretario regional de UGT, Jesús Membrado, otrora su gran aliado en el partido, como número uno al Congreso en detrimento de Alfredo Arola. Belloch defendía además de a Arola para la Cámara Baja al diputado regional Francisco Catalá como cabeza de lista para el Senado en lugar del candidato oficial, Jesús Martínez Herrera, un alcalde que lleva 20 años al frente del dinámico municipio de El Burgo de Ebro. El pulso del alcalde al discreto secretario provincial del PSOE, Javier Lambán, y al aglutinador de sensibilidades internas Carlos Pérez Anadón, estaba echado, pero la derrota, como se ha demostrado, era segura. La opción de Membrado, diseñada por el partido en Zaragoza con la anuencia del líder indiscutible de los socialistas aragoneses, Marcelino Iglesias, y de la que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Cándido Méndez estuvieron informados permanentemente, fue ratificada ayer por las bases socialistas y será con toda probabilidad sancionada por los órganos federales.
A la par que fracasaban los intentos de Belloch con las listas y en pleno debate interno, su círculo más cercano filtró a la prensa el fichaje de un catedrático de Economía, Alberto Lafuente, para hacerse cargo de esta parcela en el ayuntamiento al calor de la citada ley de Grandes Ciudades. La incorporación no había sido todavía consensuada ni con sus compañeros de partido ni con sus socios de gobierno. La cara de la actual teniente de alcalde de Economía y Hacienda, la socialista y --dato muy importante-- ugetista Carmen Dueso, al ser interrogada por su papel en el equipo de gobierno ante la inminente llegada del catedrático al calor de la nueva ley, era todo un poema. Por no hablar de los equilibrios de los dirigentes de CHA para valorar la intención del alcalde, con cambio de tercio y mirada a los tendidos para no hurgar en la herida. "La composición definitiva de la nueva junta de gobierno local --prevista para las grandes ciudades-- habrá que debatirla con mucha calma", declaró el líder de Chunta en el Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Gaspar, preguntado por las decisiones unilaterales del alcalde.
Lo relevante, ahora, es interpretar por qué el alcalde ha mantenido esta estrategia y valorar las repercusiones que su minoría dentro del partido puede tener para la ciudad. El motivo fundamental del conato de pulso interno lanzado por Belloch tiene para muchos militantes socialistas nombres y apellidos: Fernando Gimeno, a la sazón jefe de gabinete de alcaldía y pieza clave en este episodio. El exdiputado nacional, uno de sus hombres más cercanos y que ejerce sobre él gran influencia, es todo un especialista de la urdimbre, señalado en otros momentos por compañeros suyos por ser el instigador de tristes episodios, como el del espionaje a políticos destapado por el entonces alcalde de Zaragoza, Antonio González Triviño, en 1994, con unas declaraciones de este tenor: "Que sepa la Ejecutiva federal quién es Fernando Gimeno, un hombre que ha implantado en Aragón el Estado policiaco y el espionaje, contratando a expolicías y guardias civiles para espiarnos a José María Mur y a mí". Unos hechos luego matizados o amplificados que provocarían una tormenta política, mediática y judicial que condicionó la escena pública aragonesa y que serían el principal detonante de la marcha posterior del entonces presidente autonómico José Marco. Casi diez años después de aquellos acontecimientos, la renovación en el PSOE de Zaragoza, al menos en la cúpula o en los puestos de decisión, ha sido intensa, pero Gimeno sigue en un lugar clave.
Valorada la causa, conveniente es comprobar la consecuencia. Porque es un error manifiesto, atribuible a la tensión actual por las listas y los repartos de poder, plantear como primera medida de aplicación de la Ley de Grandes Ciudades el fichaje de uno de los expertos que permite el articulado aprobado en Madrid por PP y PSOE. La virtualidad de esta ley, y Belloch como jurista y hombre perspicaz lo sabe, debería encontrarse en cambios más profundos que una simple incorporación individual, por más talla intelectual o por más capacidad de gestión que ostente el susodicho. Se echa de menos una explicación sosegada de la nueva norma, acaso una crítica a las deficiencias financieras que puede comportar su aplicación o incluso un debate abierto con el resto de los grupos políticos y con otros agentes o colectivos sociales y económicos. Pero no, la sensación generalizada en buena parte del socialismo zaragozano es que el alcalde ha aprovechado la coyuntura para lanzar una granada en clave interna que al final se ha quedado en mero fuego de artificio.
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