Pese a que un juzgado ha revocado la orden del Departamento de Cultura de cerrar las bibliotecas públicas los sábados, la consejería ha mostrado su disposición a recurrir el fallo. Legalmente estará en sus derecho, pero litigar por aplicar una voluntad que ha sido contestada por los colectivos de usuarios --beneficiarios de esas instalaciones-- no parece el camino más adecuado para dar cobertura a un uso que precisamente el departamento debería impulsar. Dice que la alternativa es cobrar, como siempre se deriva a un concepto economicista.