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Editorial

Biscarrués ya solo es un pueblo

 

Biscarrués ya solo es un pueblo -

Ecologistas y ayuntamientos han dado definitivamente la puntilla al viejo proyecto del embalse de Biscarrués. La sentencia del Tribunal Supremo conocida ayer ratifica lo que ya dijo hace tres años la Audiencia Nacional: que el procedimiento seguido para la elaboración del anteproyecto de construcción y la declaración de impacto ambiental del embalse que pretendía regular el río Gállego vulneró la Directiva Europea del Agua al no justificarse el interés superior de la obra. Dicta así el alto tribunal lo que era una lógica aplastante: que el embalse de Biscarrués ya no se puede hacer así. Ni con los 192 hectómetros cúbicos que se plantearon en su día, ni con los 170 que se rebajaron después ni con los 135 o hasta 35 que se llegó a plantear en algún momento de estas largas tres décadas de enfrentamientos entre los que estaban a favor y los que estaban en contra de un proyecto que enterraba pueblos como Biscarrués, Murillo de Gállego o Santa Eulalia.

Después de este largo y triste episodio de más de 33 años, se hace imprescindible entender que ni la normativa europea en materia hidráulica ni las exigencias legales referidas a la rentabilidad objetiva de las inversiones públicas en tal ámbito van a permitir construir nuevos pantanos en el mismo cauce de los ríos. Mucho más si, como en el caso de Biscarrués, la obra impacta sobre una zona de evidente valor ecológico y en la que se desarrolla una actividad económica importante y sostenible.

Aparte, la sentencia ha querido que se haga pública en medio de la crisis sanitaria del coronavirus que está arrastrando una crisis económica de tales características que ningún gobierno sería capaz de dar el visto bueno a una inversión hidráulica como la que ahora ha sido descartada definitivamente.

La sentencia abre el camino a dos cuestiones importantes. Por un lado, la prometida Mesa del Agua que el presidente del Gobierno de Aragón anunció que convocaría con todos los grupos parlamentarios y partes afectadas (regantes, ecologistas, agentes sociales, municipios...) para explorar soluciones hidráulicas. Ahora, aunque es muy mal momento por la situación económica y social en la que se encuentra el territorio, ya se pueden ir buscando apoyos para una alternativa diferente. La de Biscarrués no tiene ninguna viabilidad política. Por lo que quizás puede ser el KO judicial al histórico proyecto un revulsivo para que el diálogo social entre las partes afectadas se pueda reconducir como ocurrió después de sentencias como la de Santaliestra.

Y la segunda cuestión es precisamente esa búsqueda de alternativas que permitan mantener e incluso ampliar los sistemas de riego. Pero evidentemente esto requiere por parte de todos, regantes incluidos, pensar en unos costes bastante más razonables y de un menor impacto ecológico y natural. Como ocurrió con el caso de San Salvador, tras el fracaso de Santaliestra. Son tiempos para olvidarse de estas obras enormes, pero también para desatascar una regulación del Gállego que lleva 40 años de estudios y cinco alternativas distintas. Esta ya no sirve. Biscarrués ya solo es un pueblo.

 
 
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