El carbón en España está muerto. El ocaso de este mineral se ha producido ya en el Reino Unido, y otros países europeos como Francia, Italia y Portugal se han comprometido a acelerar su desaparición en los próximos años. En España, el Gobierno del PP, con el ministro Álvaro Nadal al frente, puso en marcha el año pasado un comité de sabios para ayudar a diseñar el futuro energético de España y partía en su informe final de recomendaciones de un escenario en el que no había carbón en el 2030. El Gobierno cambió de ideología y Pedro Sánchez situó las competencias de energía en el nuevo ministerio para la Transición Ecológica. Su titular, Teresa Ribera, especialista en cambio climático, fue la responsable del llamado Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, que asesoraba a Sánchez antes de llegar a la Moncloa. Ese consejo elaboró un informe sobre el futuro energético en el que ya se contemplaba el «cierre paulatino de las centrales de carbón antes del 2025». Una vez nombrada ministra, Ribera dio por bueno ese horizonte y admitió que «el carbón tiene poco futuro». El reciente pacto laboral firmado por los sindicatos mineros con el Gobierno de España abrió las puertas al certificado de defunción de centrales térmicas como la de Andorra. Fue la puntilla.
A partir de ahí se entiende la fría reacción de los habitantes de la zona, de los trabajadores de Endesa (que no de los de las subcontratas, que es donde está el mayor problema) y hasta de la prensa nacional de papel, que no recogieron nada en sus ediciones del viernes. Todos tenían asumido que el final estaba escrito. Por eso no ha habido ni una concentración en la comarca, una zona que sí ha salido muchas veces a la calle pidiendo seguridad laboral.
En este caso falló la comunicación. La decisión del cierre debe de partir de la empresa que explota la central, la tan querida en Aragón durante muchos años, Endesa. Y los cauces elegidos no fueron los más adecuados. No es normal que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, no hubiera recibido todavía el viernes ninguna comunicación oficial por parte de la empresa eléctrica sobre el cierre de la central turolense. Una empresa que en sus tiempos apadrinó al mejor equipo de fútbol de Andorra, en la Segunda División B, o que ha tenido un gran protagonismo social en la comunidad gracias a los grandes beneficios económicos que ha obtenido durante muchos años no puede irse de puntillas de su instalación más emblemática, aunque se supiera desde hace mucho tiempo que este día iba a llegar porque es difícil salvar algo contra la voluntad de su dueño. No es normal que Endesa no hable con la DGA. Las formas, no han sido su fuerte en esta cuestión.
A partir de ahora viene a la zona la verdadera transición ecológica. Con este término se refieren en el Gobierno central a la búsqueda de salidas para los trabajadores afectados. Ya existe una plataforma europea de comarcas en transición y en la futura directiva de la UE de renovables se contemplarán fondos para esas zonas. En el PSOE tienen en la cabeza fórmulas como los «contratos de transición ecológica» que el Gobierno francés ha puesto en marcha para las áreas de influencia de cuatro centrales de carbón que cerrarán en el 2022. Se trata de implicar a las tres administraciones, a las empresas y a los trabajadores, a través de los sindicatos. El objetivo: hay que generar empleo para que no se produzca un colapso social. Algo así como clústeres de industrialización. Pero todo el mundo sabe que es muy complicado. Que hay antecedentes como Pyrsa, Casting Ros o Andopack que supieron entender el momento en zonas mineras turolenses, pero que tuvieron muchos problemas y, además, por mucho que se impulsen medidas para incentivar la llegada de empresas, estas ven lo que hay.
El fantasma de la despoblación está ahí. Las energías renovables son una alternativa, y además son muy rentables estas inversiones para las empresas (así lo dice Endesa en su plan industrial) pero generan muy pocos puestos de trabajo. Y las subcontratas tienen a unos centenares de personas que no se van a poder ir a otros puntos de Endesa como les puede ocurrir a los empleados de la central de Andorra. Lo que es inadmisible es decir que hay que improvisar. Porque el final del carbón estaba escrito y no se han conseguido adoptar medidas preventivas. No habrá traumas pero molesta la imprevisión de una política energética de luces cortas y sin consensuar.
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