Convertida en epicentro mediático, Madrid acoge hoy un importante acto de Estado: el matrimonio del príncipe Felipe, futuro rey de España, y Letizia Ortiz. Al margen de todos sus aspectos personales, y más allá de la proyección pública, la expectación popular y las opiniones de todo tipo que genera, este enlace forma parte de la estructura política de España. La Constitución de 1975 atribuye un rol institucional al heredero de la Corona que incluye la conveniencia de su matrimonio cara a asegurar a su vez la sucesión futura en la Jefatura del Estado.
España es compleja. En un contexto de más aceptación de la persona de Juan Carlos de Borbón, por su decisiva contribución a la recuperación democrática tras el franquismo, que de adhesión a la idea monárquica genérica, esta boda prologa una nueva etapa de este país.
Con Felipe y Letizia se abre un periodo novedoso que deberá determinar la función de los reyes en la sociedad moderna y plural del siglo XXI, y si saben confirmar el papel cohesionador ejercido en la práctica por el actual rey en las últimas décadas. Espectáculo aparte, este enlace sitúa a la Monarquía en el centro de la atención política española.
