La orden del Ayuntamiento de Zaragoza de cerrar dos fincas dedicadas a la celebración de bodas por estar ubicadas sus instalaciones en suelo no urbanizable y por no pagar impuestos no solo es una irregularidad urbanística y fiscal, es también el detonante que puede afectar a numerosas familias que tengan contratado el servicio para su enlace, un festejo que requiere una reserva anticipada. Sorprende que la inspección no haya detectado antes carencias, al ser espacios de amplio uso, no de tugurios clandestinos. Cumplir con la norma y pagar impuestos es una obligación, así que el consistorio debe perseverar, pero hacerlo con rapidez para perjudicar lo menos posible a los contrayentes.
