La nueva ley general tributaria, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, consagra el principio de responsabilidad subsidiaria. Las empresas serán responsables ante la Administración fiscal del Estado de las deudas tributarias que mantengan las firmas subcontratadas, igual que ya sucede con la Seguridad Social. Para ello, el Ministerio de Economía trabaja en el proyecto de reglamento general de recaudación, el articulado que desarrollará una norma heredada del Ejecutivo del PP.
Las empresas, sobre todo las de menor dimensión, serán las primeras damnificadas por el cambio burocrático derivado de la obligatoriedad de esgrimir certificados de buena conducta fiscal para ejercer una actividad económica o empresarial. Sólo se librarán del engorro administrativo aquellas firmas de servicio y comercio directo con el público.
El malestar de las pymes es justificado: se les traslada la responsabilidad de luchar contra el fraude, un cometido que con una buena cultura tributaria sería innecesario. Pero lejos aún de ese momento de óptima solidaridad fiscal, las empresas actuarán como gestorías al servicio de Hacienda, cuando sus objetivos primordiales han de ser innovar, investigar e internacionalizarse.
