Miguel Ángel Loma Pérez
Sevilla
SOCIEDAD
Imaginemos que oímos el siguiente anuncio comercial: «Qué tranquilidad desde que contratamos con la empresa X para evitar que secuestren a nuestros hijos a la salida de casa»; o «...para evitar que me atraquen a la salida del banco»; o «...para evitar que no me roben el coche cuando lo aparco en mi garaje»; etcétera. Todo ello reflejaría que nos encontramos en una situación tan amenazante que tendríamos que contratar a empresas privadas para que se nos garantizase el disfrute pacífico de nuestros derechos. O, lo que es lo mismo, que viviríamos en un país con un Estado de derecho fallido que no garantizaría a los ciudadanos el uso de todos sus derechos; lo que obviamente desembocaría en la enorme injusticia de que los únicos capacitados realmente para usar y disfrutar de sus derechos serían quienes pudieran permitirse tales gastos. Pues bien, algo no muy diferente nos está sucediendo ya y lo vamos asimilando con preocupante aceptación. Se trata de la ocupación de inmuebles; y con la agravante de que es la propia ley la que ampara a los okupas debido a un supuesto acto de misericordia... con los bienes ajenos. Y para rematar la injusticia del asunto, quienes más padecen tan misericordiosa burla perfectamente regulada son las sufridas clases medias: el sector social más machacado por los impuestos. Fascinante.
