De forma más o menos inadvertida, durante estos días se dirime la más que probable continuidad en el cargo de Fernando García Vicente como Justicia de Aragón. Casi dieciséis años después de que las Cortes le encomendaran poner cara y conocimiento a una institución tan identificable con la Comunidad, el jurista zaragozano opta a un cuarto mandato, en lo que significaría un verdadero récord a la hora de concitar las simpatías de unos y otros. Sin embargo, la opción de que García Vicente siga durante otros cinco años nace más de la eliminación que del deseo de los grupos parlamentarios. Resulta obvio que el mensaje de renovación que tan hipócritamente se lanza desde algunos foros políticos no casa bien con la permanencia del actual Justicia, que ha sobrevivido a gobiernos populares y socialistas. Han sonado otros nombres, como el del presidente del TSJA, Fernando Zubiri, o de manera mucho menos verosímil el del aragonesista José María Bescós. Pero no hay fumata blanca. Con todo, al ciudadano lo que le interesa es que el nominado cumpla con su misión de supervisar la acción de las administraciones públicas. Que tras generar consensos en su elección, el Ejecutivo de turno y los demás poderes públicos sientan sobre sí el incómodo aliento de su control. Que, a base de informes, quejas, sugerencias y recomendaciones, defienda los derechos y libertades de los aragoneses. Que, en suma y como con otras palabras le manda la ley, se convierta en lo que viene siendo una auténtica mosca cojonera. Periodista
