El Gobierno aragonés ha aprobado la ley de transparencia, que deberá seguir su tramitación en las Cortes. La normativa afectará a cualquier organización que tenga algo que ver con la cuestión pública y exigirá un conocimiento detallado de las cuentas, de sus responsables y de sus retribuciones. Hay que celebrar el impulso de esta iniciativa que impedirá las cláusulas de confidencialidad y que pondrá la información disponible (la exigida) al alcance de los ciudadanos en un portal on line. Está muy bien. Pero hace falta que se cumpla. No como otras.
