La investigación de la UDEF y la Fiscalía en la adjudicación de la gestión viaria a cargo de ayuntamientos como los de Huesca y Teruel pone al descubierto una extensa trama que salpica a PP, PSOE y Cs y lo que es peor, revela un carácter transversal y sistémico. Son graves las ramificaciones políticas, que de momento en Aragón no han tenido reflejo, pero es peor que la trama esté apuntalada por prácticas irregulares de funcionarios (policías locales) que a su vez vienen derivadas de un corruptor que desde una empresa, Gespol, de Sacyr, actuó sin escrúpulos enredando a muchos.