El consejero de Hacienda, Javier Campoy, ha cogido el camino más sencillo para embridar el déficit de la DGA hasta final de año. Ayer, publicaba una orden en la que decreta el cierre de la caja autonómica durante el ejercicio salvo para aquellas obligaciones comprometidas previamente, como el pago de la deuda, las nóminas, las prestaciones públicas... Podrá argumentarse que es el único posible, pero pone de manifiesto que el plan de choque para ajustar ingresos y gastos en el 2014 ha obtenido resultados insuficientes. No es la primera vez que el Gobierno de Rudi acude a esta fórmula extraordinaria para cuadrar sus cuentas, pero debería ser ya la última. Los proveedores, los contratistas o los colectivos sociales no tienen por qué financiar los desequilibrios de unos presupuestos sistemáticamente superados por la realidad.
