Somos, según el informe anual de The Economist, una de las exclusivas 20 democracias plenas del mundo. Ahí estamos, con la crème de la crème internacional, superando a nuestros vecinos de Portugal, Francia e Italia.

Nuestro sistema institucional es estable y asentado, con partidos políticos con procedimientos más abiertos, con innumerables procesos participativos desde las administraciones que dan protagonismo al ciudadano, y ¿dónde estamos? En la calle.

En la calle de todos, pero más de aquéllos con una reivindicación propia, particular y que sin encontrar interlocutores fiables se van a ocupar el espacio público para captar la atención y visibilizar el conflicto. Taxistas, médicos, pensionistas, afectados por el cierre de las cuencas mineras, y un largo listado están siendo los protagonistas de los cambios legislativos y de presupuesto. Esta situación no solo es consecuencia de lo mil veces analizado, sino que también es la causa de un cambio en el proceso de decisiones políticas.

Las movilizaciones marcan la agenda de los gobiernos. Ante la inacción gubernamental, los afectados se manifiestan, con mayor o menor presión, y así se consigue la reacción. Esta dinámica genera varios riesgos, el más importante, el uso de la coacción como un elemento normalizado de la negociación, percibido además como el más eficaz.

Estamos justo en la situación opuesta a la movilización tradicional de los años 80’ y 90’. Entonces, las reformas laborales, las reconversiones industriales o la legislación sobre nuevos derechos agitaban la protesta de los afectados y de una parte del entramado social, ya fueran los sindicatos o la Iglesia católica. Nos manifestábamos en contra de lo aprobado por el gobierno.

Lo novedoso ahora, es que ante la ausencia de decisiones que den respuesta o los intentos de transferir la responsabilidad a otros, los ciudadanos son los que piden desde la calle alguna regulación, alguna acción. No se movilizan en contra de, sino reivindicando políticas públicas.

Y la respuesta siempre acaba siendo parcial, sectorial y atropellada. Porque se ha instalado entre los responsables políticos una evaluación tan detallada de las consecuencias de sus decisiones, contabilizando ganadores y perdedores en su aplicación (muy propia del estilo de gobierno Mariano Rajoy) que lo que se consigue es la parálisis.

Las manifestaciones sectoriales son necesarias pero la elaboración y dirección de proyectos globales que generen compromisos e identidades colectivas más.

*Politóloga