El pasado 14 de marzo, la sociedad española optó por el cambio político, otorgando en las urnas una clara mayoría al Partido Socialista; lo que le va a permitir configurar un Gobierno estable que conduzca y satisfaga esa aspiración colectiva.
El cambio de Gobierno ha generado nuevas expectativas desde el punto de vista internacional, por la reubicación de nuestro país en el ámbito mundial, a nivel nacional, por lo que supone en cuanto a la revitalización democrática; pero también en los diferentes colectivos sociales. Entre ellos señalamos a la comunidad escolar ya que estábamos cansados de legislaciones educativas que fueron fruto de la imposición de la mayoría absoluta de un único grupo parlamentario.
A LA VEZ QUE se genera un clima de trabajo basado en el acuerdo, consideramos que una de las prioridades del nuevo Gobierno es la paralización de la aplicación de la LOCE que suponemos se llevará a cabo con la modificación del Real Decreto del calendario de aplicación de la Ley. Esta regulaba la entrada en vigor de las medidas previstas para el próximo curso escolar referentes a la iniciación de los itinerarios, la reválida, programas de iniciación profesional y la consideración de la religión como evaluable.
Paralelamente, hay otras medidas ya puestas en marcha cuya paralización provocaría mayor confusión y por tanto, deberían aplicarse aunque fuese de forma excepcional: selección de directores, pruebas extraordinarias en la ESO, decreto de inspección.
Para nosotros es importante sosegar el ámbito de la educación. En política educativa "las prisas son malas consejeras". Hay que tomar el tiempo necesario para hilvanar nuevos proyectos que reemplacen a la Ley de Calidad, basados en la LODE, LOGSE, LOPEGCE y la propia LOCE. Debemos dar tiempo al Gobierno para que, una vez constituido, tome las primeras medidas y acabe con la etapa de confrontación a través de un Pacto Social por la Educación, en primer lugar, entre el Gobierno central y los gobiernos de las distintas comunidades autónomas y, posteriormente, con los agentes sociales para evitar, de este modo, que la educación esté a merced de los vaivenes políticos.
ESTE PACTO social por la Educación abarcaría varios temas. En primer lugar, un pacto por la estabilidad del Sistema Educativo. Transferida la Educación a las 17 comunidades autónomas no tiene sentido legislar desde Madrid para que paguen las autonomías. Debe de potenciarse la Conferencia de Consejeros Autonómicos para pactar las leyes educativas y su desarrollo a través de las legislaciones autonómicas.
Un pacto por la equidad. Se debe avanzar hacia la homogeneización de las dos redes educativas, comprometiendo a ambas en proyectos sociales no excluyentes. A través de este pacto se desarrollarán procesos de escolarización que garanticen la ubicación de los alumnos con necesidades educativas especiales en ambas redes, la planificación del mapa escolar y la dotación de recursos materiales y humanos necesarios para los centros.
Un pacto por la dignificación del profesorado. Negociando las condiciones laborales y retributivas del profesorado de las dos redes y la elaboración del Estatuto de la Función Pública docente.
Un pacto por la eficacia en la gestión. Que incluya la eficacia en la gestión de los centros educativos a través de la participación democrática de todos los integrantes de la comunidad educativa. Debe revisarse el modelo de equipos directivos de los centros y definir los métodos de evaluación del sistema educativo en su conjunto.
Y por último, un pacto por la financiación de la Educación. No tiene sentido legislar sin que la Administración dote de los presupuestos necesarios. Debemos avanzar para equiparar el gasto educativo por alumno con la media europea.
*Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Aragón
