La consejera Dolores Serrat defendió ayer la normalidad en la implantación de la Ley Wert en Aragón, si bien reconoció que iba a costar más de lo previsto. En concreto, 26 millones, según asume el propio Gobierno central. Las experiencias de la comunidad en las negociaciones con Madrid invitan a recelar de esa cifra, pues no ha habido ocasión en que la dotación económica prevista por el ministerio no se haya visto superada. Ocurre desde las transferencias educativas de 1999, que ya llegaron infradotadas por la mala negociación de la DGA.
