Lo más interesante de los debates políticos, incluido el de la comunidad, es lo que no aparece, es decir, lo que se resuelve de antemano o los partidos dejan al margen para no desgastarse. En el primer caso están las gestiones que el Gobierno PP-PAR cerraron la semana pasada sobre las comarcas, esas que el primero prometía vaciar y el segundo impulsar, y que entretanto llevan toda la legislatura en barbecho. Para resolver esta contradicción, ambos partidos han acordado ser los primeros en ejecutar la reforma de la Administración local, que supondrá en la práctica la pérdida de la autonomía de los ayuntamientos más pequeños, convirtiendo a las comarcas en las gestoras subsidiarias de sus servicios, unas administraciones que se eligen de forma indirecta, a imitación de las diputaciones provinciales, algo que difícilmente cambiará por mucho que el Gobierno apunte esta posibilidad para justificar su nuevo cometido, que no estaba previsto en su constitución. Vamos, una improvisación en toda regla con un asunto nada baladí y que puede crear un agujero económico, democrático y de servicios en el medio rural de dimensiones insospechadas. El otro gran ausente del debate ha sido la corrupción, que centra la actualidad aragonesa con los sonados casos de Plaza y la CAI, algunos de cuyos cargos, de diferentes palos y colores, siguen en las administraciones y seguirán estando hasta que encuentren a alguien de confianza a quien dejar a buen recaudo sus guantes blancos. La advertencia de Rudi a Lambán no deja lugar a dudas: "No entre por ese camino", que ha evitado el debate de la misma manera que en las comarcas, anunciando la reducción el número de diputados y consejeros.
Periodista y profesor
