Miles de agricultores aragoneses han salido a la calle en los últimos días para pedir al Gobierno central que regule el precio del gasóleo agrícola y adecuarlo en parte a los escasos beneficios del campo. Las cifras cantan: mientras el gasóleo ha subido un 60% en el último año el trigo ha bajado un 13%; la cebada un 11 y el maíz un 20. Así resulta imposible cuadrar producción y beneficios. Está claro que los agricultores están atravesando por un mal momento que pone en riesgo algunas actividades en el campo, y es ahora cuando reclaman un guiño fiscal por parte de la ministra de Agricultura, Elena Espinosa. No es gratuita su reclamación: primero porque la ministra se comprometió este verano a tratar el asunto con el ministro de Economía, Pedro Solbes, y segundo porque algún país cercano como Francia ya ha tomado medidas para rebajar la presión fiscal y aliviar en parte los altos costes agrícolas y pesqueros.
