El nuevo consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, Javier Campoy lleva ya un mes al frente del departamento dándole vueltas con su equipo de expertos --él es abogado y no es un especialista en esto de la hacienda pública-- para buscar de dónde y cómo recortar los alrededor de 80 millones de euros que tiene que reducir en el gasto de la DGA. Afirma una y otra vez que el nuevo tijeretazo que sufrirá el presupuesto de la comunidad no afectará a los ciudadanos ni a educación ni sanidad, pero sigue sin concretar por donde irán los tiros. La oposición no le cree. El tiempo dirá quién tiene razón.
