La sentencia del Constitucional que anula el veto impuesto por la DGA a la Universidad San Jorge sobre duplicidad de estudios respecto de la pública abre un nuevo escenario en la enseñanza universitaria. Parece lógico que si la privada reúne los requisitos exigibles por Educación para plantear sus ofertas de estudios sean sus órganos rectores quienes decidan. Sin embargo, como reconocen desde la universidad pública, también sería razonable que en lugar de una competición de carreras duplicadas se establecieran consensos de racionalidad. No es solo una cuestión de oportunidad, hay que pensar también en la vertebración de un territorio que dispone de campus públicos en las tres capitales.
