Que los juzgados aragoneses acumulen un total de 32.800 casos sin resolver puede parecer una barbaridad, que lo es, pero es pecata minuta si se compara con otras comunidades que provocan que en toda España haya más de dos millones de temas pendientes. La conclusión que se puede obtener es que los jueces que ejercen en Aragón resuelven bien pero eso no debe ser una satisfacción para el ministro de Justicia, José María Michavila. Primero porque no debería de haber retraso alguno, y segundo porque los medios materiales con los que cuentan los funcionarios aragoneses son tercermundistas. Amén de la falta de despachos, salas y oficinas, que es más que evidente, los problemas de calefacción, goteras o cualquier otro fallo menor ponen al descubierto las carencias de la Administración. Si Madrid pretende traspasar las competencias de Justicia a la DGA en este estado, hará bien el Ejecutivo aragonés en poner un precio muy alto.
