Que 90 personas mueran al día en España sin recibir la prestación o los servicios a los que tienen derecho por la ley de dependencia marca el nivel de cómo se afronta el desarrollo de una ley que nació con muchas esperanzas y ha decaído lamentablemente. Si en Aragón ha mejorado la atención con incrementos del 18% en el último ejercicio, el desastre de los años anteriores hace que todavía sea la peor comunidad, solo por detrás de Canarias. Un 37% de las personas con el derecho reconocido no reciben las prestaciones o los servicios adecuados. Los recortes no pueden afectar a colectivos con estas necesidades. A los derechos recogidos por ley hay que dotarlos del presupuesto necesario.
