Puesto que los resultados de las últimas convocatorias electorales indican que no hay ningún partido capaz de obtener mayoría absoluta parlamentaria, me gustaría que emplearan su magia para que cuando no exista dicha mayoría sea obligatorio celebrar una segunda vuelta, en la que solo pudieran presentarse dos coaliciones (observen que digo coaliciones y no partidos). Con esta exigencia se lograrían dos ventajas. En primer lugar, se evitaría el despilfarro económico que supone la repetición diarreica de las elecciones con el cotarro mangoneado por los mismos actores fracasados. En segundo lugar, se conseguiría que fuera la ciudadanía quien ratificara con su voto esas coaliciones, y no como sucede ahora que son los mandamases los que, sentados en torno a una mesa y a espaldas del pueblo soberano, se reparten los sillones y las prebendas.
Otro fenómeno curioso que está ocurriendo en los últimos años es que los jefazos de los partidos independentistas se pasan la vida quejándose de que se está judicializando la política, lo cual, según sus gerifaltes, da lugar a que existan presos políticos, cuando en realidad lo que hay son delincuentes políticos que algunas veces son encarcelados en condiciones sumamente ventajosas para aparentar que el sistema los juzga con el mismo rasero que a cualquier ciudadano. Creo que sus majestades estarán de acuerdo conmigo en que el modo más eficaz de acabar con esa judicialización de la vida política independentista es ilegalizando a todos los partidos que en sus estatutos y en sus programas figura el objetivo de romper España, sin respetar el ordenamiento jurídico vigente.
No sé qué les ocurre a ustedes, pero a mí me producen vómitos los varapalos que los tribunales internacionales últimamente han dado a nuestros jueces, en unos casos negándose a devolver a los prófugos y en otros cargándose las sentencias del Tribunal Supremo. Pienso que ya es hora de que la Justicia española sea homologable a la de los países con democracias consolidadas y que, por lo tanto, no dependan los resultados de los procesos judiciales del juez o de la jueza que te toque. Por ello, ruego a sus majestades que cambien el chip de nuestros gobernantes y que a partir de ahora los gobiernos no intervengan en el nombramiento y en el ascenso de jueces y fiscales. Igualmente, que los togados que opten por convertirse en políticos profesionales no puedan regresar a la judicatura hasta que no hayan pasado cuatro años desde el momento en que perdieron sus poltronas políticas.
No hace demasiados años un joven profesor universitario propuso ante las masas (él, a pesar de ser marxista, no usó esa expresión; él hablaba de «la gente») una rebaja sustancial de los emolumentos que cobran los parlamentarios. Lo menos importante es que aquel joven, una vez conseguida su poltrona, no haya vuelto a reivindicar esa rebaja salarial, lo cual es lógico ya que necesita mucho dinero para pagar el lujoso chalet que se ha comprado. Lo verdaderamente importante es que usen ustedes sus poderes mágicos para que aquel saludable deseo se convierta en realidad. Es evidente que no hay una única alternativa para satisfacer aquella encomiable propuesta. Pienso que lo sensato es que los emolumentos de los parlamentarios que no han cotizado antes ni un solo céntimo a la Seguridad Social, deberían ser equivalentes al doble del salario mínimo interprofesional. En cambio, el de quienes tuvieron que abandonar su empleo, debería ser lo mismo que cobraban en sus respectivos trabajos, siempre que el monto total no supere el triple del salario mínimo interprofesional. Alguien puede argumentar que si se les rebaja el salario caerían en la tentación de prevaricar más que los políticos corruptos que de vez en cuando aparecen en los medios de comunicación. Sin embargo, yo creo que descendería si al mismo tiempo se les quita la inmunidad parlamentaria, ya que entonces tendrían que ser juzgados del mismo modo que cualquier ciudadano normal y corriente.
Otra brillante idea de aquel activista y profesor universitario consistió en pedir la prohibición de las que él llamaba «puertas giratorias». Como todo el mundo sabe, consisten en que cuando un ministro, o un alto cargo, pierde su poltrona, en menos que canta un gallo es captado por alguna importante empresa multinacional, no por su exquisito conocimiento y experiencia en el puesto que va a ocupar, sino para que les pase la valiosa información confidencial que lleva guardada en su mochila. Sería muy interesante que con sus poderes mágicos abdujeran a aquel activista para que ahora que ocupa altos cargos en la política española resucitara aquellos fervientes deseos y promoviera los cambios legales necesarios para que ningún político pueda pasarse a esas multinacionales hasta pasados cuatro años después de haber dejado el cargo.
Son muchos los deseos que me gustaría lograr valiéndome de los trucos mágicos que sus majestades dominan, pero ya no dispongo de más espacio. Por ello, de forma muy resumida, quiero terminar este artículo haciendo una propuesta cultural. Pienso que se enriquecería de manera muy significativa la vida parlamentaria si se aprobara una ley que obligara a todos los parlamentarios a pasar, cada cuatro años, la misma prueba de cultura general que la OCDE aplica a los adolescentes al finalizar la enseñanza secundaria obligatoria (el famoso examen PISA). Aquellos parlamentarios y parlamentarias que no aprobaran el examen tendrían la obligación de matricularse en una academia nocturna hasta que lo superaran. Ni que decir tiene que el precio de la academia correría a cargo del erario público.
*Catedrático jubilado, Universidad de Zaragoza
