Uno de los muy abundantes asuntos de corrupción política que transitan por los juzgados españoles y que el próximo curso deberían empezar a sustanciarse es el de los ERE andaluces. Se trata de un caso que tiene asociadas otras graves irregularidades de la Administración autonómica, todas ellas con el común denominador de que se han registrado bajo gobiernos del PSOE (por la sencilla razón de que la Junta ha estado siempre en manos de los socialistas desde su instauración, hace más de 30 años). La jueza Mercedes Alaya, que lleva casi cuatro años investigando --a veces entre críticas por decisiones polémicas-- la denuncia formulada por un excargo intermedio de la Junta, ha remitido ahora la causa al Tribunal Supremo a la vista de que entre los presuntos implicados hay nada menos que nueve personas aforadas: los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y siete exconsejeros de sus gobiernos. Un salto cualitativo que llega pocos días después de la detención de otro exconsejero, Antonio Ojeda, por motivos similares a los de la causa principal: fraude en la concesión de subvenciones con el objetivo de desviar fondos públicos hacia fundaciones, empresas y agentes sociales afines al poder autonómico.

El cuadro general es de una enorme gravedad, tanto por el valor de lo presuntamente defraudado --al menos unos 130 millones de euros, según las pesquisas-- como por la extensión y duración de los delitos. Y aunque no se puede establecer una ineluctable relación de causa-efecto entre la larga permanencia de un partido en el poder y su uso perverso del mismo, es obvio que una prolongada patrimonialización partidista de la Administración puede degenerar fácilmente en comportamientos delictivos, como lamentablemente demuestra la historia reciente de la democracia española.

Andalucía es, además de Asturias y Canarias, la única comunidad donde gobiernan los socialistas, y desde ese bastión esperan empezar la reconquista de la Moncloa. Aunque tanto la presidenta autonómica, Susana Díaz --con un meteórico incremento de poder en el partido--, como el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, son ajenos al caso de los ERE, su futuro político y las perspectivas de recuperación del propio PSOE dependen en parte de cómo termine un escándalo al que aún le falta mucho recorrido judicial.