Se trata de tres conflictos diferentes pero todos tienen un final común: la pérdida de empleo en tres firmas muy asentadas en la economía aragonesa: Ibercaja, Schindler y Opel PSA. En cada una ha nacido el problema laboral por motivos diversos pero a la larga lo que va a quedar es, en el caso del banco, una importante reducción de empleados de banca y menos oficinas de atención al público (con la consiguiente afección principalmente para las personas de más edad y para las zonas más despobladas del territorio), y la pérdida de empleo de calidad y cuantitativo en el tejido industrial zaragozano, en el caso de las multinacionales de ascensores y de automóviles, Lo que es un grave perjuicio económico para Aragón.

El caso más sencillo es el de Ibercaja. Hace dos años, en el anterior ERE, hubo más trabajadores del banco que pidieron salir que el número de bajas que había previsto la entidad financiera. El acuerdo económico de prejubilación que ofrecieron a los trabajadores no era malo. Ahora, vuelven a presentar un expediente similar, seguimiento del anterior, para todo España, al que se podrán reenganchar todos aquellos que quisieron y no pudieron y otros que, con dos años más, estarán más cerca de la jubilación real. Como además el objetivo de Ibercaja es salir este año a bolsa, la operación les puede resultar positiva porque hay una regla no escrita de que cuando alguna empresa despide, su comportamiento bursátil es al alza. Los sindicatos no plantearán grandes batallas porque muchos trabajadores aceptan el ERE a pesar de que esto supone un empeoramiento del empleo para la comunidad.

Distinto pero parecido es el caso de la deslocalización de Schindler. Da igual que haya sido bien tratada la empresa y que haya recibido muchas ayudas indirectas (difíciles de cuantificar por cuando son relativas a trabajos de investigación en centro públicos, eso si, e incluso difíciles de descubrir porque la Unión Europea prohíbe muchas de ellas y está vigilante). Cuando una multinacional pone dinero encima de la mesa para despedir a trabajadores o facilitarles prejubilaciones, hay mucho personal que acepta. Y eso es lo que está pasando en la histórica fábrica zaragozana de los ascensores. De repente, lo que era un grave conflicto laboral y social se desactiva porque hay gente que está dispuesta a irse al paro, dada su edad, a cambio de unas buenas indemnizaciones. Humanamente, para personas de más de 56 años, es comprensible. Lo que ocurre en la fábrica de la antigua Giesa es que casi hay más gente dispuesta a irse que los que quieren los directivos y se pueden llegar a producir finalmente hasta 70 prejubilaciones. Y si la empresa pusiera más euros, todavía se irían más.

Bajo la presión del dinero, se aceptan las salidas individuales que arreglan muchos problemas personales aunque la economía aragonesa pierda dinero. Algo ya conocido, porque muchas industrias históricas cerraron así en Zaragoza, como Taca, por ejemplo. Es muy negativo para una economía regional perder empleo del tejido industrial porque aunque se cree en otras fábricas nunca se podrá comparar al de empresas como Schindler, tanto por número de empleos como por la calidad de los puestos de trabajo, a lo que hay que sumar todas las empresas que se benefician como auxiliares del trabajo de la multinacional suiza. Es un gran problema que se resuelve con parches.

Lo de Opel PSA también es preocupante. No porque se quiera rejuvenecer la planta de Figueruelas o porque se quieran ahorrar costes, sino porque la política empresarial cambia ligeramente con lo hecho hasta ahora (antes era Opel, hoy es PSA) al eliminar los contratos relevo. Es preocupante que los nuevos dueños de la fábrica de coches rateen unos euros y se olviden de los relevistas solo porque un contrato normal, no de relevo, es más económico, en torno a un 40% menos por la sobrecotización a la Seguridad Social. Pero un contrato de relevo da más seguridad laboral. Probablemente es porque Figueruelas ya es solo fábrica de PSA, no de Opel, y aquí se confía en el futuro de la planta, pero ahorrando costes, mientras en Alemania aún se tiene miedo a cierres de plantas.

En cualquiera de los tres casos, Aragón (y España) pierde. Va a haber mucho personal que entra a formar parte de un sector productivo que tiene que pagar el Estado y la sociedad en general: los pensionistas. Y sus sustitutos en el mercado laboral (si es que los hay) serán trabajadores que cotizarán pero mucho menos de lo que lo hacían los que salen con las indemnizaciones. Mal asunto.

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