La crisis económica ha vapuleado doblemente los derechos sociales. No solo los ha cercenado a cuenta de la falta de presupuesto sino que también ha despojado del concepto de derecho el acceso a educación, sanidad y vivienda, del que toda la ciudadanía debía gozar. En esta línea, el Ministerio de Sanidad ha intentado desde el pasado 1 de enero arrebatar a un sector de la población española el derecho universal a la asistencia sanitaria, desvinculado de la cotización a la Seguridad Social, que el socialista Ernest Lluch dejó como uno de los grandes legados de la España democrática.

Ya no se trata de dejar fuera de la cobertura médica a los inmigrantes en situación ilegal sino de expulsar del sistema sanitario a los españoles que han abandonado el país. Y como nos advierten a diario las estadísticas, las causas que mueven a la creciente emigración española nada tienen que ver con las de pasada décadas. Igual que en gran parte de las reformas acometidas por Ana Mato el factor de ahorro económico se desmorona --así ha sido con el copago, por ejemplo-- ante la realidad de la aplicación de las medidas. La contradicción, además, en el caso de los exiliados forzosos llega hasta penalizar la propia aventura de emprender ciertos estudios o buscar trabajo fuera puesto que los deja a la intemperie si en 90 días no logran su propósito.

DESPROTECCIÓN

En el objetivo del Gobierno debiera estar precisamente la protección de esta ciudadanía, abocada ya a afrontar las consecuencias de una política de la que hoy por hoy no tiene decisivo efecto sobre el paro. Y, precisamente en este caldo de crisis, es cuando el Estado debe legislar para preservar los derecho fundamentales que figuran en la Constitución española. Ante la afirmación de Mato que no se pedirían nuevos esfuerzos a los ciudadanos, a propósito de los polémicos copagos, está claro que la amenaza de exclusión de un grupo de ciudadanos requiere un sobreesfuerzo por su parte en un momento en el que sus condiciones de vida son ya difícultosas. En realidad, es una nueva muestra de falta de sensibilidad por parte del Gobierno ya que la medida cuenta con brechas para colarse y comunidades como Andalucía, Cataluña y Asturias que ya han asegurado que no limitarán la prestación de de la cobertura sanitaria.