Con buenas palabras, el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, frenó ayer la intención de Carles Puigdemont y JxCat de convertir la sesión de investidura del primero en un nuevo acto contra el orden constitucional y en un escarnio al Estado. Torrent frustró la intención del expresident prófugo de la justicia de ser investido a distancia, lo que hubiera acarreado la suspensión por parte del Tribunal Constitucional y con toda seguridad consecuencias legales para él y la Mesa del Parlament. Torrent anunció que los juristas parlamentarios alegarán ante la resolución del TC que impide que Puigdemont sea investido a distancia. Sus buenas palabras no ocultan la quiebra en el bloque independentista. Se encontraba ante la tesitura de permitir la investidura sin que los socios de ERC conocieran ni el plan de Gobierno, ni su composición, ni si va a volver de Bruselas ni el discurso de investidura. Se trataba, pues, de un salto al vacío con unas consecuencias, además, muy graves. Torrent y ERC sufrieron ayer la presión, en las redes y en la calle, que otras veces se desató contra otros partidos o independentistas que osaron actuar al margen del discurso dominante. Ayer, no se colocó al Parlament fuera del orden constitucional y se defendió que Cataluña necesita un Govern que gobierne desde el minuto uno, algo que Puigdemont no puede ofrecer. Porque la realidad es que Cataluña sigue bloqueada.
