La «prudencia, cautela y seguridad» se han impuesto a las tensiones para acelerar el calendario de desescalada de las medidas establecidas para frenar el covid-19. A partir de este lunes, el 70% de la población española estará en la fase 1 y solo cuatro islas habrán avanzado a la fase 2 que significa una cierta aproximación a la normalidad. El 30% de los ciudadanos, incluyendo toda la región de Madrid y la zona de Barcelona cciudad y todo el área metropolitana de la capital catalana seguirán en una fase cero. Aunque sea aliviada, mejorada o bautizada como 0,5, es aún la fase cero, como insistió el ministro de Sanidad, Salvador Illa; el volumen de casos y la falta de un dispositivo que permita detectar las nuevas infecciones rápidamente y aislarles para evitar el rebrote (cuya disponibilidad marcó en gran parte la diferencia entre las comunidades que han capeado con más éxito lo peor de la crisis y las que no) no permiten relajarse y exigen seguir actuando, a administraciones y ciudadanos, con la máxima responsabilidad. El estudio de seroprevalencia anunciado esta semana ha confirmado que solo se había detectado el 10% de los casos reales, y que hemos superado los 27.000 fallecimientos con solo un 5% de la población en contacto con el virus: un argumento más para la cautela ante las consecuencias de un hipotético rebrote.

Aunque en su comparecencia tras la ronda de contactos con las comunidades autónomas tanto el ministro Illa como el doctor Fernando Simón quisieron destacar la interlocución fluida (matizando en el caso de Madrid que este diálogo constructivo se está produciendo con los técnicos sanitarios de la comunidad), en el caso del Gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso esta apreciación se debe más a un necesario esfuerzo por no aumentar la tensión que a la realidad.

Si pese a periódicas salidas de tono los pasos de la desescalada parecen que están haciendo realidad los principios de la cogobernanza y la colaboración responsable con otras autonomías, este no es el caso de Madrid. Y las presiones mediáticas y en la calle no parece que vayan a ceder a tenor del discurso progresivamente radicalizado del partido popular. La gestión del aterrizaje del confinamiento verá sin duda nuevas tensiones.

En este panorama, es evidente que dentro de la vigencia del estado de alarma (y quizá sin él) tienen cabida las actitudes de flexibilidad y concertación como las existentes con la mayor parte de las comunidades. Sin ir más lejos, hoy publicará el Boletín Oficial del Estado (BOE) la autorización que levanta la veda de la práctica de la caza y la pesca, dos actividades importantes para muchas autonomías, que así lo habían reclamado al Gobierno, entre ellas Aragón. La nueva consejera de Sanidad, Sira Repollés, reiteró ayer la petición, en la que fue su primera actuación tras la toma de posesión del cargo, para que en Aragón se pueda aplicar una flexibilidad global para el mundo rural, algo que ya se reclamó la semana pasada.

El Gobierno se ha comprometido a estudiar todas las peticiones, pero las resoluciones tienen que adoptarse desde la mesura y la seguridad que marca la evolución del virus. Una realidad que no es tan difícil de entender.