En cuestión de semanas, hemos pasado de la expectativa de cerrar unas 50 aulas “redundantes” de la educación privada concertada, a 28 aulas, a “racionalizar la concertada” eliminando solo 10 aulas, e incluso menos. De victoria en victoria hasta la derrota final.
El 15 de marzo, la Consejera de Educación tuvo una reunión con la patronal de la concertada y con el sindicato mayoritario de la misma -FSIE-, para explicarles el posible alcance de cierres de aulas en la concertada, garantizando que no habrá ningún despido. Es un trato mucho más delicado que el brindado a los trabajadores de la escuela pública. A finales de agosto, en una comisión de escolarización del Servicio Provincial de educación de Zaragoza se informó, como quien no quiere la cosa, del cierre de 12 aulas en la ciudad de Zaragoza. Eso también es destrucción de empleo. ¡Vaya diferencia de trato! STEA -Intersindical denunció en una nota de prensa el cierre de esas 12 aulas que, de no haber sido así, hubiera pasado sin pena ni gloria.
El cierre de unas 10 aulas en la concertada desde el punto de vista laboral no es ningún trauma, dado que están a punto de jubilarse buena parte de los más de 4.000 trabajadores de la concertada. La preocupación en todo caso es que la concertada como negocio en expansión sufriría, aunque de un modo casi simbólico, un pequeño revés en varias décadas.
La concertada, regulada por el POSE en 1985, mueve mucho dinero público, puestos de trabajo -no seleccionados a través de oposición a pesar de salir sus salarios de las arcas públicas- e influencia social. Prueba de ello es la rapidez y volumen de firmas recogidas contra este posible cierre de aulas.
Es un negocio que se está reestructurando, con un peso cada vez menor de la Iglesia y la entrada de empresas ajenas a la educación. Basta recordar la constructora de Florentino Pérez, La Caixa, el holding del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández o la cervecera Mahou. ¿Por qué es un negocio con éxito garantizado?: simplemente porque la Administración corre con los gastos -salarios, etc- y la empresa privada que gestiona el concierto cobra “donaciones” a las familias, además libres de impuestos gracias a las fundaciones que crean para formalizar los conciertos.
La legislación actual garantiza la libertad de elección de centro a los progenitores en el medio urbano, no así en áreas rurales -donde no hay alternativa a la red pública-, de hecho la concertada es un fenómeno que sólo se da en las tres capitales aragonesas y en alguna cabecera de comarca. A STEA-i le parece muy bien que se garantice la libertad de elección de centro, faltaría más, pero en lo que estamos radicalmente en contra es en que se garantice la libertad de elección subvencionada. Abogamos por el modelo como el francés con dos redes: la pública bien financiada y la privada costeada al 100% por las familias que “libremente” optan por ese modelo. En nuestro país, la educación concertada disfruta de una suerte de doping al costear sus gastos básicos la Administración y permitírsele el cobro de “donaciones” a las familias, se da pues la paradoja de que las familias menos pudientes subvencionan a través de los impuestos la educación de las familias acomodadas que pueden permitirse hacer las “donaciones”, con ello la educación concertada disfruta de dos fuentes de financiación, mientras la pública solo de una.
Dada la cobertura legal de la libertad de elección subvencionada de centro, y la línea seguida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón -recordemos que permitió abrir cautelarmente el centro “Anfora Internacional” de Cuarte, o la concertación de centros que segregan por sexo, caso del “Monte Aragón” o el “Sansueña”, o paralizó la bajada de 90 a 45 minutos de religión a la semana en infantil y primaria con una cautelar ya iniciado el presente curso-, es previsible que cualquier recurso contra la no concertación prospere.
La cuestión de la concertada tiene mucho calado y tocarla es molestar muchos intereses creados, por ello, con medias tintas, y propuestas de “racionalizar”, como las esgrimidas por el centro izquierda, la guerra está perdida de antemano. Un debate serio sobre el asunto implica poner sobre la mesa cuestiones como la estratificación social, el doping de la concertada, es decir, hablar de los de arriba y abajo. En Aragón, STEA-i no firmó el Pacto Educativo por burlar este debate a propósito de la concertada, y ahora el Congreso de los Diputados está inmerso en otro Pacto similar, que cerrará el debate en falso.
El 15 de abril finaliza el plazo para renovar o solicitar nuevos conciertos, podemos aventurar el resultado: la concertada perderá solamente las vías absolutamente insostenibles -caso de querer concertar vías con cero alumnos, como podría ocurrir en Zuera- y punto. Mucho ruido y pocas nueces del centro izquierda y de quienes aspiran a ocupar ese espacio. Todo aparentemente muy racional.
*Integrante del Secretariado de STEA-Intersindical
