La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impide a los ayuntamientos ejercer las llamadas competencias impropias, atenciones sociales en la mayoría de los casos. Pero una circular de la directora de Administración Local del Gobierno aragonés, Paula Bardavío, viene a decir que no, que siga todo igual. Que asumir según que gastos no les viene bien ahora. Una ley se hace para cumplirse y, lo que es más serio, se la dota económicamente. Lo demás son ganas de querer aparentar que se legisla para ahorrar.